Las listas de espera baten récord y pasan de 76 a 100 días
en seis meses. Los pacientes que aguardan una operación ascienden hasta los
571.395 en 2012. Es el mayor incremento desde que Sanidad inició el recuento de
datos.
Los recortes presupuestarios, la pérdida de personal
sanitario y la reducción de la atención han pasado una abultada factura a las
listas de espera. La demora para entrar en quirófano alcanzó al iniciarse el
año una cifra récord: 571.395 personas aguardaban por una operación en toda
España, un 6,4% más que en junio de 2012, según los últimos datos del
Ministerio de Sanidad. Así, en solo un semestre, el plazo que los pacientes
esperan para operarse se ha disparado de 76 días, de media, a 100; el mayor
incremento registrado desde que Sanidad inició el recuento de datos —que no
desglosa por comunidades—, en 2004. Además, el número de pacientes que aguardan
más de seis meses para ser operados se ha disparado un 7%, a pesar de que ese
es el tiempo máximo que marca la ley para ser atendido en algunas patologías; y
a 31 de diciembre de 2012 suponían el 16,5% de los que esperan.
Ese es el caso de las intervenciones de cataratas, una
operación para la que la demora media es de 92 días, pero para la que el 14,76%
de los pacientes que está en lista de espera ha superado ya los 180 días
fijados como máximo por decreto, en 2011, para esta y otras cuatro patologías.
También está regulado el tiempo máximo de espera para colocarse una prótesis de
cadera y, a pesar de ello, el 26,88% de los pacientes esperan más de los seis
meses establecidos, según las cifras que el departamento de Ana Mato ha
publicado en su web sin anunciarlas.
El incremento de pacientes que esperan es común
a todas las especialidades quirúrgicas —excepto para cirugía torácica—, y es
consecuencia, según los expertos consultados, de la reducción de las partidas
de salud de Gobierno y comunidades. Presupuestos que han perdido 6.900 millones
desde 2010, el año en que empezó el tijeretazo en sanidad. “Los recortes,
aunque se hayan acompañado de medidas de ahorro por ejemplo en farmacia, han
derivado en una tremenda reducción de personal. Y eso está afectando gravemente
al sistema”, indica Tomás Toranzo, vicesecretario del sindicato médico CESM.
"El 16,5% de los retrasos son de más de seis meses, el máximo legal"
En la práctica totalidad de las comunidades ya no se cubren
las bajas ni las vacaciones de los profesionales. Tampoco se sustituye a los
sanitarios que se han jubilado ni se ha renovado a muchos interinos que
trabajaban para el sistema público. Además, se ha reducido o han desaparecido
las llamadas peonadas, es decir, las horas extra que hacían los trabajadores de
la sanidad pública para cubrir la demanda. Y eso, a pesar de que se ha
aumentado la jornada laboral de los profesionales y en muchas regiones se ha
reordenado su horario, supone una disminución de la actividad que no se ha
suplido. “Sin profesionales, al igual que sin medios, no hay sistema sanitario
que pueda dar respuesta”, dice el vicesecretario del CESM. A eso se añade que
muchas autonomías han menguado los conciertos con la sanidad privada.
También los pacientes que aguardan para acudir al
especialista están acusando estas medidas. La espera media para la atención
especializada era, a 31 de diciembre de 2012, de 59 días de media, seis más que
el semestre anterior. Sobre todo para ginecología, oftalmología y
traumatología, donde la espera es mucho mayor de los 60 días que marcan las
normativas con las que la mayoría de autonomías regulan los tiempos máximos de
respuesta sanitaria. Los datos del número de pacientes que esperan para una
consulta con el especialista o para cirugía no son comparables con los de años
anteriores porque en 2012, por primera vez, Sanidad incluyó en su recuento a
Madrid, a la que había expulsado de la estadística años antes por computar las
cifras de manera distinta.
Una portavoz del departamento de Ana Mato prefirió el
viernes no valorar los datos. Incidió en que el ministerio se limita a computar
las cifras que le entregan las autonomías y explicó que la gestión sanitaria, y
por tanto la asistencia, es competencia de las comunidades. Lo cierto es que,
como las cifras no se publican por autonomías, hacer una radiografía exhaustiva
es complejo. Cada región hace públicos los datos cuando considera y de una
forma que en muchas ocasiones hace imposible la comparación.
"El problema afecta a todas las especialidades salvo cirugía torácica"
Sin embargo, en Madrid, por ejemplo, las listas de espera
quirúrgica también han experimentado un incremento récord: un 17,5% de junio de
2012 a diciembre. Aumento que el consejero Javier Fernández-Lasquetty achacó
directamente a las huelgas de los sanitarios contra la privatización. En la
Comunidad Valenciana han aumentado un 19,8% en ese mismo periodo y en Murcia,
un 9,7%. En Andalucía no están disponibles los datos de diciembre de 2012, pero
el pasado junio, los pacientes en lista de espera eran casi un 3% más que un
año antes.
La mayoría de las regiones eluden hablar de si las cifras
son un efecto directo de los recortes y, como Extremadura o Andalucía, aseguran
que las indicaciones de intervención quirúrgica han aumentado. En muchas de
ellas, no obstante, la intensidad de las cifras ha provocado el anuncio de
planes de choque, como el que se pondrá en marcha en Castilla-La Mancha —una de
las regiones con las esperas más abultadas—, dotado con 15 millones de euros.
Una cantidad que la oposición socialista considera escasa.
Estas medidas de contención, sin embargo, llegan tarde y
suenan vacías, según Alejandro Toledo, presidente de la Alianza General de
Pacientes, que achaca a los ajustes económicos y a las políticas de recursos
humanos y de contención de medios el aumento de las listas de espera. “Los
recortes han de ser muy medidos y consensuados, y en sanidad no lo están
siendo. Con la salud de las personas no se puede especular. Los resultados ya
se están notando en la asistencia”, afirma. Toledo y Toranzo recuerdan que el
tiempo en lista de espera agrava los problemas de salud de los pacientes. Y
eso, a la larga, encarece el sistema.
Las causas
Hachazo
El tijeretazo en los presupuestos sanitarios de
Gobierno y comunidades se inició en 2010. Desde ese año, han perdido 6.875
millones de euros. Un hachazo para una sanidad pública que, desde hace años, se
infrafinanciaba y gastaba alrededor de un 10% más de lo presupuestado. Los
recortes afectan de manera desigual. Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha o
Aragón son las que más han recortado; pero lo cierto es que todas las
autonomías han reducido fondos. Incluso Euskadi los ha reducido este año un 4%.
Recursos humanos
Se apuesta por recortar en dos capítulos:
personal y farmacia. En el primero se han reducido los sueldos de los
profesionales, que trabajan más horas. Ese ajuste no ha llegado para cubrir la
asistencia. Madrid, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana han obligado a
jubilarse a cientos de sus médicos más experimentados a los 65, y sus puestos
no se han cubierto. Ahora, la justicia de las dos últimas regiones dicta que
deben ser readmitidos.
Cierre de centros
En 2011, las regiones comenzaron a
reducir el horario de atención. Cataluña cerró algunos centros de salud por las
tardes. Una medida que luego copiaron Extremadura o Cantabria. Además de esas
dos autonomías, Navarra y Murcia, han suprimido consultorios de urgencias
(abiertos 24 horas) en algunos pueblos. También lo ha hecho Castilla y León,
aunque recientemente ha decidido reabrir la mayoria de ellos. Castilla-La
Mancha lo intentó, pero, tras la denuncia de varios alcaldes, la justicia ha
obligado al Gobierno de María Dolores de Cospedal a mantenerlos abiertos porque
el tiempo de trayecto desde estos pueblos al nuevo centro más cercano superaba
los 40 minutos que marca la ley.
Guardias localizadas
Como fórmula de ahorro, Cantabria o
Extremadura han añadido la sustitución de guardias presenciales por localizadas
—peor pagadas—, en las que el profesional puede irse a su casa y solo debe
tener el móvil encendido.
Bolsillos vacíos
Los ciudadanos no sufren solo las listas
de espera. Desde 2012 pagan más por lo mismo. La reforma sanitaria de Rajoy
—que excluye a los extranjeros irregulares— dictó que ahora deberán pagar por
el transporte sanitario no urgente y las prótesis. Además, incrementó el
porcentaje de pacientes pagan por los fármacos que les recetan. Los
pensionistas, cuyas medicinas eran gratis, ahora también pagan.
Fuente: Diario El País