La Argentina necesita contar con un nuevo marco normativo
que regule y garantice los tratamientos para personas con VIH, porque la ley
actual fue sancionada en la década del 90 y no contempla aspectos laborales y
sociales de la enfermedad ni tampoco a las hepatitis virales. Así lo señalan
distintas organizaciones no gubernamentales que promueven el derecho a la salud
y que están nucleadas en el Frente por la Salud de Personas con VIH, que
advierten además que el proyecto de ley que obtuvo dictamen favorable de la
Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación, está paralizado en la
de Legislación General y podría perder estado parlamentario si no es tratado
antes de fin de año.
Según estas organizaciones, en la Argentina cerca de 126.000
personas viven con VIH y 800.000, con hepatitis C. Uno de los mayores problemas
que enfrentan los tratamientos de estas enfermedades es el alto costo de los
medicamentos ya que los precios de los que se emplean para combatirlas subieron
un promedio de 42 por ciento solamente entre los años 2015 y 2016, de acuerdo a
estudio realizado por la Fundación Grupo Efecto Positivo.
Con respecto al marco legal vigente (ley nacional 23.798),
las organizaciones integrantes del Frente por la Salud de Personas con VIH
aseguran que quedó desactualizado y no alcanza para dar una respuesta integral
a las necesidades de los pacientes. Por eso reclaman una nueva ley, y lamentan
que pese a que en junio pasado la Comisión de Acción Social y Salud Pública de
la Cámara de Diputados de la Nación dio dictamen favorable a un proyecto
presentado por estas organizaciones, la iniciativa permanece cajoneada en la
Comisión de Legislación General.
Es lamentable que se demore el tratamiento del proyecto
presentado y que, en el peor de los casos, pueda perder estado parlamentario.
La iniciativa que llegó a la Cámara Baja es una reforma de la ley actual y es
el resultado de un arduo trabajo realizado por organizaciones de la sociedad
civil que trabajan en la prevención del VIH y la hepatitis, instituciones
científicas y organismos internacionales, que demandó más de tres años. El
proyecto de ley incorpora garantías para la prevención y tratamiento de las
hepatitis virales y las enfermedades de transmisión sexual. Cabe recordar que
en la actualidad los tratamientos para las hepatitis no cuentan con marco
normativo; hay faltantes de medicamentos para hepatitis C en casi todo el país
y se estima que unas 500 personas están en lista de espera para acceder a un
tratamiento.
La iniciativa contempla, además, aspectos sociales de las
enfermedades desde una perspectiva de derechos humanos; alcanza a niños,
adolescentes y jóvenes nacidos con VIH; ordena la conformación de un
observatorio contra el estigma que aún afecta a las personas con VIH y su
entorno; y establece sanciones para los casos de discriminación en el acceso al
empleo. Integrantes de la Fundación Grupo Efecto Positivo observan que el nuevo
marco normativo incluye la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual
y las hepatitis virales dentro de la declaración de interés nacional, lo que
obliga al Estado nacional a asegurar la entrega de los medicamentos y los
insumos necesarios para el tratamiento de estas enfermedades. En este punto,
debe insistirse en que el Estado debe bregar para que los fármacos sean
considerados como un bien social y no como una mercancía de manera tal que se
pueda garantizar el acceso a los tratamientos a todas las personas que lo
necesitan.
Los representantes del pueblo en el Congreso Nacional deben
asumir el compromiso de promover el debate de estos temas y evitar que el
proyecto de ley presentado por las organizaciones que trabajan por el derecho a
la salud de los ciudadanos siga cajoneado, para que sea tratado antes de fin de
año de modo tal que no pierda estado parlamentario.
Fuente: Diario Norte - Ver más sobre VIH
