Alrededor de un centenar de países miembros de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), están dispuestos a encolumnarse detrás
de la propuesta conjunta de India y Sudáfrica, para aprobar una exención
temporaria de los derechos de PI para los medicamentos y productos sanitarios
durante la pandemia, afirmó la Campaña de Acceso de Médicos Sin Fronteras
(MSF).
MSF pidió a los gobiernos que apoyen lo que denominó
"este paso revolucionario" que permitiría a los países de todo el
mundo optar por no otorgar y hacer cumplir la propiedad intelectual relacionada
con los medicamentos, vacunas, diagnósticos y otras tecnologías sanitarias COVID-19,
mientras dure la pandemia.
La propuesta de la denominada "exención del Acuerdo
sobre los ADPIC" de los requisitos de la OMC solicitada por India y
Sudáfrica, junto con los copatrocinadores Eswatini y Kenia, fue presentada al
Consejo de los ADPIC con el respaldo de otra veintena de países entre los que
figuró Argentina.
La propuesta fue bloqueada por un grupo de países
desarrollados y pasó a un cuarto intermedio de 90 días, en cuyo transcurso los
países pueden debatir extraoficialmente en la búsqueda de un proyecto
consensuado.
El viernes 20 de noviembre se realizó una reunión informal
del Consejo en la que no hubo avances, para el 10 de diciembre está previsto el
debate formal y finalmente la sesión oficial del 17 de diciembre deberá
expedirse sobre la solicitud.
Según un resumen de antecedentes de MSF, basado en encuestas
informales y declaraciones realizadas en la reunión del Consejo de los ADPIC
del 15 al 16 de octubre, la mayoría de los miembros de la OMC, unos 99 países,
apoyan la propuesta de exención, ya sea en su totalidad o con tratamiento
artículo por artículo.
Entre los que expresaron su pleno apoyo y acompañaron la
iniciativa se encuentran Argentina, Bangladesh, Egipto, Indonesia, Malí,
Mauricio, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Pakistán, Sri Lanka, Túnez y Venezuela.
Quizás más significativo, sin embargo, es la lista creciente
de países que han "acogido" la propuesta y dijeron que debería ser
discutida más a fondo.
Entre ellos se incluyen el gigante mundial China, Turquía,
Influencers del Pacífico como Filipinas y Tailandia; Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Jamaica y potencias africanas como Nigeria, Senegal
y Tanzania.
Además, según el recuento de MSF compartido con Health
Policy Watch, decenas de países han expresado su apoyo en principio como
miembros de varias alianzas comerciales de la OMC, entre los que se alinean:
El "Grupo Africano", integrado por Botswana, Cabo
Verde, Congo, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Ghana,
Marruecos, Namibia, Seychelles, Togo y Túnez;
Organización de países de África, el Caribe y el Pacífico,
específicamente Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, República
Dominicana; Fiji, Ghana, Granada, Guyana, Papua Nueva Guinea, Saint Kits y
Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Samoa, Islas Salomón,
Surinam, Tonga, Trinidad y Tobago, Vanuatu, Bahamas, Comoras; Guinea
Ecuatorial, Etiopía, Santo Tomé y Príncipe y Somalia.
Chad también comprometió el apoyo en nombre de la mayoría de
los demás miembros del grupo de países menos ingresos de la OMC que aún no
expresaron su apoyo a la propuesta individualmente.
Contra ese muro creciente de opinión de los países de
ingresos bajos y medianos, la mayoría de los países desarrollados del mundo se
han alineado en contra de la propuesta de exención, liderados por Estados
Unidos, Suiza, Reino Unido, Australia, Japón y la Unión Europea, pero también
incluyendo a Brasil, Noruega y Canadá en el rechazo.
El Consejo ADPIC administra las complejas reglas en torno al
cumplimiento de las leyes de patentes en el comercio internacional: los
aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio
(ADPIC), así como las llamadas flexibilidades ADPIC que permiten a los países
ignorar algunas reglas de patentes, bajo ciertas condiciones o por emergencias
sanitarias.
Pero, para las 379 organizaciones globales de la sociedad
civil y centros académicos internacionales que acompañaron la presentación de
India y Sudáfrica, las reglas vigentes no van lo suficientemente lejos para
aflojar las riendas del control de la propiedad intelectual, de modo que los
países de ingresos bajos y medianos podrían prepararse rápidamente, para
producir y exportar versiones genéricas o biosimilares de nuevos medicamentos
emergentes, como los anticuerpos monoclonales.
Las principales empresas farmacéuticas que desarrollan
vacunas COVID han recibido hasta ahora unos 12.000 millones de dólares en
fondos públicos, según MSF.
Eso incluye la recepción de Moderna de 2,480 millones en
fondos públicos del gobierno de los Estados Unidos. Y, sin embargo, el precio
informado por Moderna para la vacuna de dos dosis a 50-60 dólares por curso es
el "más alto citado para una posible vacuna hasta ahora", comparó la
OnG.
Lo mismo ocurre con las barreras de la PI para producir
vacunas COVID-19 con tecnologías de vanguardia como el ARNm utilizado por
Moderna y Pfizer, que parecen haber demostrado su eficacia en los resultados de
los ensayos clínicos de fase 3.
Para países como India, con un importante potencial de
exportación de productos farmacéuticos, una exención de la OMC podría ser mucho
más fácil de gestionar, dicen las fuentes, que las actuales “flexibilidades” de
la propiedad intelectual que ofrece el sistema ADPIC en casos de emergencias de
salud pública.
Esas flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC giran en
gran medida en torno a los artículos 31 y 31bis del Acuerdo sobre los ADPIC,
que estipulan que los países pueden emitir “licencias obligatorias” para
productos patentados. Pero deben hacerlo caso por caso y para su uso
principalmente en los mercados nacionales.
MSF resumió las reglas y sus limitaciones: El artículo 31
exige que las licencias obligatorias se expidan caso por caso y se utilicen predominantemente
para abastecer los mercados nacionales, lo que limita la capacidad de los
países fabricantes de exportar a los países de menores recursos y con sistemas
de salud debilitados.
El artículo 31bis requiere que cualquier producto producido
y exportado bajo una licencia obligatoria se identifique con envases y
cantidades específicos, lo que puede dar lugar a demoras innecesarias en el
contexto de COVID-19 donde los países necesitan acceso urgente a herramientas
médicas.
MSF, alertó que “a pesar del compromiso de no hacer
cumplir" la exclusividad y la protección de la PI, Moderna, Pfizer y otras
grandes empresas farmacéuticas que participan en ensayos de vacunas
prometedoras “tendrían que ir mucho más allá con pasos voluntarios para
realmente marcar una diferencia en la creciente demanda que se abrirá a medida
que se aprueben nuevas vacunas y medicamentos”.
El laboratorio Moderna, por su parte, se ha comprometido a
"no hacer cumplir nuestras patentes" sobre su nueva tecnología de
vacuna de ARNm durante la pandemia.
En teoría, esto podría significar que otros fabricantes de
vacunas con capacidad para fabricar versiones biosimilares (el equivalente
biológico de los genéricos) podrían iniciar la producción paralela, tan pronto
como la vacuna Moderna obtenga la aprobación de la FDA, para aumentar la oferta
mucho más.
Pero MSF y las otras 378 ONGs y universidades que
acompañaron la iniciativa del acceso directo, advierten que Moderna hasta ahora
no ha incluido ningún compromiso de licenciar su nueva tecnología de ARNm a
otros fabricantes, para que puedan adquirir los conocimientos para producir la
nueva vacuna.
“Moderna debe compartir toda la propiedad intelectual,
incluida la tecnología, los datos y los conocimientos técnicos necesarios, para
que otros fabricantes puedan aumentar la producción de estas vacunas que pueden
salvar vidas”, reclamó MSF.
“Muchos desarrolladores de vacunas COVID-19, incluidos
Pfizer / BioNTech, no han tomado medidas para otorgar licencias o transferir
tecnologías protegidas por PI para permitir una mayor capacidad de fabricación
y suministro global ", lamentó MSF.
En respuesta, los voceros de las empresas farmacéuticas que
desarrollan las vacunas COVID señalan que los países de ingresos bajos y
medianos “ni siquiera tienen la capacidad para manejar tecnologías de vacunas
sensibles” y de nada le servirían las exenciones a la mayoría, porque no podrán
abastecer sus mercados con la producción local.
“Las farmacéuticas no han cambiado su modo de operar al
firmar contratos que excluyen a poblaciones vulnerables y desatendidas. Hay
países que están hablando de dejar una parte de las vacunas que han comprado de
forma anticipada para zonas de contexto humanitario y emergencia sanitaria,
pero esto no es suficiente y las preadjudicaciones lo muestran. Si dejamos de
respetar los acuerdos ADPIC vamos a poder tener vacunas para todos mucho antes
y a precio de coste. Si no lo hacemos ahora, en pandemia y en emergencia
sanitaria, ¿cuándo lo vamos a hacer?", se preguntó Raquel González, responsable
de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras.
Fuente: PharmaBaires - Ver más sobre Farma
