La iniciativa, que recibió el apoyo de todo el arco político
en Diputados y Senadores, recoge los aportes de varios proyectos presentados,
uno de ellos de mi autoría del 2011. La nueva ley establece la creación de un
entorno de contención en las escuelas, del que formen parte padres y docentes,
para abordar los casos de violencia escolar, asistir a las víctimas y abordar
de forma integral el problema trabajando en el aula. Involucrar a los adultos
es esencial, puesto que muchas veces los episodios de agresión y discriminación
ocurren fuera de su mirada, aún más dada la preocupante difusión de casos de
acoso realizados a través de las redes sociales.
Esta es una problemática grave, que existe desde hace tiempo
pero que ha ganado notoriedad recientemente debido a resonantes casos de acoso,
abuso y agresión física en el ambiente escolar. Las estadísticas publicadas por
FLACSO y UNICEF sobre el tema, a las cuales hemos hecho referencia en nuestro
proyecto, son alarmantes. No podemos permitir que nuestros hijos se eduquen en
un entorno violento y discriminatorio. Para eso, el Estado debe asegurarse de
que la escuela sea un lugar de aprendizaje no sólo de conocimientos, sino
también de valores. La tolerancia, el respeto a las diferencias y el pluralismo
deben ser parte esencial de la educación de nuestros chicos. Ese es el objetivo
de la ley que acabamos de aprobar.
Las consecuencias para las víctimas de acoso verbal y físico
son duraderas, y afectan negativamente su desempeño social y el desarrollo
personal. Además, no hay dudas de que la
existencia de casos de violencia entre estudiantes atenta directamente contra
el derecho a la educación. Muchos problemas comunes en nuestro sistema
educativo, como la deserción escolar, el bajo rendimiento académico y el
ausentismo se ven agravados por la existencia de casos de bullying.
Sancionarán el acoso escolar y habrá hasta expulsión
Cada escuela podrá definir el castigo según el caso, pero siempre deberán ser
sanciones educativas. El Estado debe prevenir y capacitar a los docentes.
La flamante normativa, destinada a prevenir la violencia escolar mediante la "promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad en las instituciones educativas", establece que se creen
distintas instancias de diálogo escolar, sanciones pedagógicas y formativas,
acuerdos de convivencia colectivos, una guía de actuación ante episodios
violentos y un teléfono para recibir reclamos ante estas situaciones.
La legislación no habla de "bullying", término
inglés utilizado para definir el acoso escolar, porque "es una definición
que connota un esquema mental individualista, donde hay agresores o víctimas,
es decir, los problemas lo portan sólo las personas", explicó la diputada
Mara Brawer (FPV).
Al respecto, la norma pone el acento "en el contexto en
que se dan las interacciones, porque la violencia se da en las relaciones, en
un contexto determinado, por eso la llamamos de promoción de la convivencia y
abordaje de la conflictividad", añadió.
En este sentido, la socióloga Analía Kornblit, investigadora
del instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, ponderó a la
agencia Télam que la normativa "recalque la importancia de las condiciones
sociales, externas e internas a la escuela, que influyen en los episodios
violentos".
Brawer, psicóloga y especialista en mediación, compartió
que, según distintas investigaciones, los episodios violentos "disminuyen
hasta en un 70%, si la escuela tiene políticas de convivencia".
Ante esta realidad, la ley contempla que se creen
"instancias de participación donde docentes, padres y alumnos puedan
prevenir y solucionar situaciones violentas".
Las escuelas "tienen que generar espacios para que los
chicos puedan hablar con adultos preocupados", por lo que la normativa
prevé que se establezcan normas de convivencia que "se construyan
colectivamente", aclaró la especialista.
Asimismo, la legislación habla de sanciones, las cuales
deben ser "educativas, porque si hay una transgresión, el alumno debe
entender la consecuencia de sus actos, pero jamás debe quedar afuera del
sistema educativo", resaltó la diputada.
En este aspecto, el texto precisa que las sanciones deben
ser graduales y progresivas. Y si como medida extrema se expulsa al alumno, las
autoridades de la escuela tienen que buscarle otro establecimiento donde
estudiar, porque debe quedar garantizado "el derecho a la educación".
Brawer ejemplificó, en diálogo con Clarín, que las sanciones
pueden ser variadas, como un apercibimiento o dejar al chico sin un día de
actividades aunque con tarea, pero cada escuela deberá definir la sanción a
aplicar en cada caso.
Otro aspecto incluido en la legislación "es la
importancia de contextualizar las sanciones, y para eso hay que escuchar al
chico, porque ponerle 20 amonestaciones y expulsarlo, no es educar. Las medidas
deben incluir políticas de convivencia también".
La ley prevé también la elaboración de una guía para
docentes que fije pautas de prevención e intervención ante casos de violencia
escolar. El Ministerio de Educación de la Nación ya estaría trabajando al
respecto, precisó el matutino porteño.
Esta herramienta "es muy novedosa, ya que el gran
problema es que los adultos, en general, no saben cómo actuar ante hechos
violentos en la escuela. A veces, falta diálogo y espacios de encuentro",
destacó la socióloga Kornblit.
Además, la norma contempla la puesta en funcionamiento de
una línea telefónica nacional "pensada para que, quienes no se animan a
hablar o no se sienten escuchados en la escuela, puedan hacerlo a través de
este medio", comentó por su parte la diputada Brawer.
La idea "es que sea nacional y que el Ministerio de Educación
derive los casos a las provincias de donde se recibe la inquietud para que se
genere un alerta temprano y se intervenga a tiempo", agregó.