martes, 17 de septiembre de 2013

Bullying: una ley necesaria contra la violencia en la escuela

La Cámara de Diputados convirtió esta semana en ley un proyecto dedicado a combatir un flagelo en ocasiones silencioso pero que afecta a miles de chicos y chicas en todo el país. Se trata de la violencia escolar, conocida como bullying, en la cual  los niños y adolescentes sufren maltrato psicológico o físico por parte de sus pares, de forma presencial o a través de internet.

La iniciativa, que recibió el apoyo de todo el arco político en Diputados y Senadores, recoge los aportes de varios proyectos presentados, uno de ellos de mi autoría del 2011. La nueva ley establece la creación de un entorno de contención en las escuelas, del que formen parte padres y docentes, para abordar los casos de violencia escolar, asistir a las víctimas y abordar de forma integral el problema trabajando en el aula. Involucrar a los adultos es esencial, puesto que muchas veces los episodios de agresión y discriminación ocurren fuera de su mirada, aún más dada la preocupante difusión de casos de acoso realizados a través de las redes sociales.

Esta es una problemática grave, que existe desde hace tiempo pero que ha ganado notoriedad recientemente debido a resonantes casos de acoso, abuso y agresión física en el ambiente escolar. Las estadísticas publicadas por FLACSO y UNICEF sobre el tema, a las cuales hemos hecho referencia en nuestro proyecto, son alarmantes. No podemos permitir que nuestros hijos se eduquen en un entorno violento y discriminatorio. Para eso, el Estado debe asegurarse de que la escuela sea un lugar de aprendizaje no sólo de conocimientos, sino también de valores. La tolerancia, el respeto a las diferencias y el pluralismo deben ser parte esencial de la educación de nuestros chicos. Ese es el objetivo de la ley que acabamos de aprobar.

Las consecuencias para las víctimas de acoso verbal y físico son duraderas, y afectan negativamente su desempeño social y el desarrollo personal.  Además, no hay dudas de que la existencia de casos de violencia entre estudiantes atenta directamente contra el derecho a la educación. Muchos problemas comunes en nuestro sistema educativo, como la deserción escolar, el bajo rendimiento académico y el ausentismo se ven agravados por la existencia de casos de bullying.

Sancionarán el acoso escolar y habrá hasta expulsión

Cada escuela podrá definir el castigo según el caso, pero siempre deberán ser sanciones educativas. El Estado debe prevenir y capacitar a los docentes.

La flamante normativa, destinada a prevenir la violencia escolar mediante la "promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad en las instituciones educativas", establece que se creen distintas instancias de diálogo escolar, sanciones pedagógicas y formativas, acuerdos de convivencia colectivos, una guía de actuación ante episodios violentos y un teléfono para recibir reclamos ante estas situaciones.

La legislación no habla de "bullying", término inglés utilizado para definir el acoso escolar, porque "es una definición que connota un esquema mental individualista, donde hay agresores o víctimas, es decir, los problemas lo portan sólo las personas", explicó la diputada Mara Brawer (FPV).

Al respecto, la norma pone el acento "en el contexto en que se dan las interacciones, porque la violencia se da en las relaciones, en un contexto determinado, por eso la llamamos de promoción de la convivencia y abordaje de la conflictividad", añadió.

En este sentido, la socióloga Analía Kornblit, investigadora del instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, ponderó a la agencia Télam que la normativa "recalque la importancia de las condiciones sociales, externas e internas a la escuela, que influyen en los episodios violentos".

Brawer, psicóloga y especialista en mediación, compartió que, según distintas investigaciones, los episodios violentos "disminuyen hasta en un 70%, si la escuela tiene políticas de convivencia".

Ante esta realidad, la ley contempla que se creen "instancias de participación donde docentes, padres y alumnos puedan prevenir y solucionar situaciones violentas".

Las escuelas "tienen que generar espacios para que los chicos puedan hablar con adultos preocupados", por lo que la normativa prevé que se establezcan normas de convivencia que "se construyan colectivamente", aclaró la especialista.

Asimismo, la legislación habla de sanciones, las cuales deben ser "educativas, porque si hay una transgresión, el alumno debe entender la consecuencia de sus actos, pero jamás debe quedar afuera del sistema educativo", resaltó la diputada.

En este aspecto, el texto precisa que las sanciones deben ser graduales y progresivas. Y si como medida extrema se expulsa al alumno, las autoridades de la escuela tienen que buscarle otro establecimiento donde estudiar, porque debe quedar garantizado "el derecho a la educación".

Brawer ejemplificó, en diálogo con Clarín, que las sanciones pueden ser variadas, como un apercibimiento o dejar al chico sin un día de actividades aunque con tarea, pero cada escuela deberá definir la sanción a aplicar en cada caso.

Otro aspecto incluido en la legislación "es la importancia de contextualizar las sanciones, y para eso hay que escuchar al chico, porque ponerle 20 amonestaciones y expulsarlo, no es educar. Las medidas deben incluir políticas de convivencia también".

La ley prevé también la elaboración de una guía para docentes que fije pautas de prevención e intervención ante casos de violencia escolar. El Ministerio de Educación de la Nación ya estaría trabajando al respecto, precisó el matutino porteño.

Esta herramienta "es muy novedosa, ya que el gran problema es que los adultos, en general, no saben cómo actuar ante hechos violentos en la escuela. A veces, falta diálogo y espacios de encuentro", destacó la socióloga Kornblit.

Además, la norma contempla la puesta en funcionamiento de una línea telefónica nacional "pensada para que, quienes no se animan a hablar o no se sienten escuchados en la escuela, puedan hacerlo a través de este medio", comentó por su parte la diputada Brawer.

La idea "es que sea nacional y que el Ministerio de Educación derive los casos a las provincias de donde se recibe la inquietud para que se genere un alerta temprano y se intervenga a tiempo", agregó.

Fuente: Diario Infobae