El 27 de septiembre de 1990, por Ley N° 23.849, la
Argentina aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, acuerdo posteriormente incluido en la Constitución Nacional del año 1994.
Dicha Convención
había sido sancionada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva
York el 20 de noviembre de 1989.
La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer
instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama
de derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. En
1989, los dirigentes mundiales decidieron que los niños y niñas debían de tener
una Convención especial destinada exclusivamente a ellos, ya que los menores de
18 años precisan de cuidados y protección especiales, que los adultos no
necesitan. Los dirigentes querían también asegurar que el mundo reconociera que
los niños y niñas tenían también derechos humanos.
La Convención establece estos derechos en 54 artículos y dos
Protocolos Facultativos. Define los derechos humanos básicos que disfrutan los
niños y niñas en todas partes: el derecho a la supervivencia; al desarrollo
pleno; a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la
explotación; y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social.
Los cuatro principios fundamentales de la Convención son la no discriminación;
la dedicación al interés superior del niño; el derecho a la vida, la
supervivencia y desarrollo; y el respeto por los puntos de vista del niño.
Todos los derechos que se definen en la Convención son inherentes a la dignidad
humana y el desarrollo armonioso de todos los niños y niñas. La Convención
protege los derechos de la niñez al estipular pautas en materia de atención de
la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y
sociales.
Al aceptar las obligaciones de la Convención (mediante la
ratificación o la adhesión), los gobiernos nacionales se han comprometido a
proteger y asegurar los derechos de la infancia y han aceptado que se les considere
responsables de este compromiso ante la comunidad internacional. Los Estados
parte de la Convención están obligados a la estipular y llevar a cabo todas las
medidas y políticas necesarias para proteger el interés superior del niño.
Fuente: Unicef
