El Ejecutivo envió al Congreso un proyecto que crea una
agencia para determinar la validez de prácticas médicas que los jueces ordenan
por fuera del PMO. Para gremios y medicina privada esos fallos representan un
sobrecosto de al menos 10%.
El Gobierno impulsa
en el Congreso un cepo a los juicios contra obras sociales y prepagas que prevé
una sustancial reducción de costos en el sistema. A pedido de sindicalistas y
empresarios envió un proyecto de ley para crear un organismo encargado de fijar
límites en tratamientos médicos, tecnologías sanitarias y drogas de provisión
obligatoria por parte de las prestadoras. En la actividad estiman que los
amparos de afiliados que exigen coberturas no previstas representan por lo
menos un costo adicional de 10% en el sistema.
La creación de una Agencia de Evaluación de Tecnología,
contenida en una iniciativa que el Ejecutivo envió para su debate
parlamentario, responde a un reclamo de años de gremialistas y ejecutivos de la
medicina privada. Se trata de un ente ideado para analizar el "costo
efectividad" de nuevas prestaciones, medicamentos o procedimientos de
diagnóstico lanzados al mercado y cuya cobertura no está prevista por los
efectores de salud, aunque corren el riesgo de afrontarla a partir de decisiones
judiciales.
La iniciativa, a cargo del Ministerio de Salud, busca
ponerle un freno a la facultad de jueces de ordenar amparos a favor de
pacientes que exigen para sus dolencias ser tratados con técnicas o drogas no
incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO). En general las controversias
surgen por novedades tecnológicas o bien, por prestaciones que a pesar de
existir en el mercado a precios más accesibles terminan por ser recetadas o
exigidas en sus versiones más costosas.
"La creación de una Agencia de Evaluación de
Tecnologías nos parece, desde el movimiento obrero, una iniciativa muy
importante para controlar los costos en materia de atención médica y utilizar
recursos con racionalidad", le dijo a este diario José Luis Lingeri, secretario
de Acción Social de una de las CGT. El dirigente destacó que "la Justicia,
vía amparos" obligó a las prestadoras de los gremios a "cubrir por
fuera del PMO tecnologías sin evidencia de su utilidad".
En la misma línea opinó Claudio Belocopitt, presidente de
Swiss Medical Group y portavoz habitual de las prepagas: "La Agencia
existe en muchos países del mundo y es una necesidad imperiosa del sistema. Es
fundamental no sólo para el presente sino para el futuro. Todos los días
proliferan nuevas prácticas y no siempre está probado que den resultado. Se han
producido disparates como jueces que aprueban tratamientos con drogas
experimentales que en Estados Unidos todavía no fueron aprobadas", alegó.
Para el empresario "la plata en el sistema de salud no
alcanza y cada vez va a alcanzar menos" y "más de 10% del costo se lo
llevan estos juicios", lo que a su criterio impone la creación de "un
organismo independiente, gubernamental y con profesionales de máximo
nivel" para fijar los límites. Incluso admitió que podría abaratar los
costos de los planes que ofrecen las empresas a sus afiliados. También
coincidió con la necesidad de crear la agencia Alejandro Collia, exministro de
Salud bonaerense y en la actualidad secretario del área en La Matanza: "Es
indispensable para evaluar la relación costo y beneficio de las nuevas
tecnologías y optimizar los recursos", indicó.
Fuente: Ámbito Financiero - Ver más sobre Obras Sociales
