El gobierno envió al Congreso
de ese país el proyecto para ratificar el Tratado de Libre Comercio (TLC)
firmado con Chile. Laboratorios locales aseguran que encarecerá la producción
de fármacos, porque las patentes quedan “en manos de trasnacionales”.
Como sucede en la
Argentina, en estos días Uruguay discute sobre las patentes y como estas
afectan el acceso a los medicamentos. Lo hace en el marco de un polémico tratado
comercial firmado con Chile que deberá ser ratificado en el parlamento. Los
laboratorios nacionales y la cámara de fertilizantes rechazan la adhesión de
Uruguay a este acuerdo. El diputado socialista Roberto Chiazzaro aseguró que
permitirá que “la propiedad intelectual quede en manos de transnacionales” y
que se “limitará absolutamente el desarrollo de los medicamentos genéricos”,
encareciéndolos.
“Cada parte deberá hacer los mejores esfuerzos para
ratificar o adherir al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (TCP)”,
establece el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre Uruguay y Chile el
año pasado. El TLC aún no fue ratificado, pero el Poder Ejecutivo ya envió este
lunes al Parlamento un proyecto para hacerlo.
El TCP es un acuerdo de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) firmado en Washington en 1970, que establece
procedimientos internacionales de patentamiento. Estos procedimientos
estandarizados buscan facilitar el patentamiento y establecen ciertas reglas por
encima de los procedimientos nacionales.
Actualmente, en Uruguay el solicitante de una patente tiene
un período de 12 meses desde la fecha del primer depósito de la patente para
buscar la protección en otros países, lo que deberá hacer en las oficinas nacionales
de cada país. Con el procedimiento que establece el TCP, el solicitante cuenta
con un plazo de 30 meses para definir en qué países desea solicitar el
registro. El TCP tiene actualmente 151 estados miembros, entre ellos Brasil,
Perú y Chile.
En el proyecto de ley que está a estudio de la Comisión de
Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo argumenta
que el TCP busca fomentar “el progreso y la investigación tecnológica, así como
una protección más eficaz de las invenciones”. Afirma que el tratado establece
“disposiciones procedimentales, que no interfieren ni limitan la soberanía
nacional, ya que desde el punto de vista sustantivo, cada oficina aplicará su
normativa interna y de acuerdo a la misma concederá o denegará el registro”.
Alega que facilitará el trabajo de las oficinas nacionales de patentes, aunque
acota que se requerirá “el ingreso de nuevos funcionarios a fin de atender la
demanda de trabajo que implicaría el ingreso al sistema”.
En octubre del año pasado se llevó a cabo un seminario en el
Parlamento, denominado “La propiedad intelectual en el marco de los TLC”, donde
representantes de la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN) y de la Cámara
Nacional de Fertilizantes y Fitosanitarios (CNFF) manifestaron objeciones a una
eventual adhesión de Uruguay al TCP.
Alfredo Antía, presidente de la ALN, aseguró que provocará
un aumento del precio de los medicamentos y recordó que la industria nacional
farmacéutica provee 90 por ciento de los productos que se consumen en el país.
Guillermo Arrospide, vicepresidente de la CNFF, afirmó que en 2014 hubo 215.000
solicitudes de patentes en todo el mundo en el marco de este tratado. “¿Se
imaginan si ese número de pedidos recayera en el mercado uruguayo? Las empresas
locales quedarían sin margen de creación o producción”, advirtió. “Implicaría
la dependencia tecnológica de decisiones ya no de estados, con los que es
posible negociar, sino de empresas que son transversales al poder de los
propios estados”, consideró.
En la misma línea, el diputado socialista Chiazzaro,
integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de
Representantes, sostuvo que la propuesta de adhesión de Uruguay al TCP es
“absolutamente inconveniente para el desarrollo del país” y que no está en
línea con el programa del Frente Amplio (FA). El programa de la coalición de
izquierda establece que los acuerdos en materia de propiedad intelectual “no
deberán perjudicar el desarrollo sustentable del país, sus fuentes laborales ni
su potestad de aplicar políticas públicas para alcanzarlo”. “Está bien claro
que esto afecta las fuentes laborales nacionales. Lo dicen los trabajadores y
los laboratorios”, afirmó el legislador.
“Yo creo que esto no se ha estudiado suficientemente.
Quisiera que alguien me explicara cuáles son los beneficios que esto le trae al
país, porque los laboratorios hablan de pérdidas de fuentes de trabajo, de
perjuicio al desarrollo de la industria farmacéutica. Pero bueno, si el país
quiere adoptar esa vía porque tenemos que firmar tratados de última generación,
y se supone que eso nos pone en el top de la negociación internacional, bueno.
Cuando suba el precio de los medicamentos y la gente no los pueda pagar, ya
veremos”, cuestionó. Consideró que Uruguay tiene la opción de no adherirse al
TCP, porque el TLC con Chile no dispone la adhesión obligatoria, y aseguró que
argumentará en la bancada del FA para que no se vote el tratado.
Cristina Dartayete, directora nacional de Propiedad
Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería entre 2005 y 2010 y
experta en el área, explicó que este tipo de tratados tienen “una doble cara:
por un lado, facilitan a los investigadores nacionales el patentamiento en el
exterior; pero, por otro lado, son perjudiciales” porque determinan “un
incremento de las solicitudes de patentes extranjeras en Uruguay, como ha
sucedido en todos los países que ingresaron al tratado”. “Una patente
extranjera es una barrera paraarancelaria, en el sentido de que impide el
desarrollo nacional en esa área de lo que está patentado. La patente es un
monopolio, una barrera para investigar”, afirmó.
En la exposición de motivos del proyecto de ley enviado por
el Ejecutivo se sostiene que “en forma contraria a lo que se ha planteado en
alguna ocasión, el ingreso al sistema no produce un volumen desmedido de
solicitudes, sino que se atraviesa un primer lapso de diferimiento a raíz de la
fase internacional, para luego retomar los volúmenes habituales [de
solicitudes]”. Sin embargo, Dartayete sostuvo que la adhesión al TCP sí
incrementó las solicitudes de patentes extranjeras en Chile, por ejemplo, donde
“se perjudicó la industria de genéricos”.
Fuente: Mirada Profesional - Ver más sobre Farma
