En una, dos, varias de las pizarras que rodean a la médica
Antonella Lavelanet en esta sala de reuniones se repite una lista de cuatro
elementos. En inglés, la lista dice: “Sistema sanitario, proveedores de salud,
comunidad, pacientes”. Algunas pizarras hablan de salud mental, otras de hepatitis
B, algunas de salud reproductiva. Lavelanet es médica ginecóloga y obstetra, y
una de las especialistas que integran el Departamento de Salud Reproductiva e
Investigación de la Organización Mundial de la Salud. La sala de reuniones es
una de las tantas que hay en el edificio con banderas de cientos de países en
el hall central que le sirve de casa matriz a la OMS en Ginebra, Suiza, donde
la investigadora recibe a Clarín.
Lavelanet es también integrante del Programa Especial de
Investigación y Desarrollo en Reproducción Humana que llevan adelante de forma
conjunta la OMS, Unicef, el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
-¿Por qué la OMS considera que los abortos inseguros son una
cuestión de salud pública?
-Una de nuestras principales preocupaciones es el impacto
que tiene el acceso a abortos inseguros en las mujeres en particular y en el
sistema de salud en general. Al practicarse un aborto inseguro, una mujer puede
padecer hemorragias graves o infecciones, lesionarse el útero, quedar
potencialmente infértil. Puede morirse. Esto impacta también en el sistema de
salud, que se enfrenta a situaciones de morbilidad, de mortalidad, y debe
destinar una gran cantidad de recursos para resolver las complicaciones de un
aborto inseguro, que pueden requerir atención de alta complejidad.
Es que, según nuestras investigaciones, donde hay leyes que
restringen el aborto seguro, las mujeres tienden a practicarse abortos que
llamamos clandestinos y que son inseguros.
-Según las últimas cifras de la OMS, hay unos 25 millones de
abortos inseguros al año a nivel global. En Argentina, donde el Poder
Legislativo debate la legalización de la práctica, cifras extraoficiales
estiman alrededor de 450.000 casos, ¿cómo se hace para disminuir el número de
casos?
La forma de que descienda el número de abortos inseguros es
el acceso a abortos seguros.
Que el aborto sea seguro depende de varios factores: el
estatus legal de la práctica es uno de ellos, muy importante. En países que han
disminuido o eliminado las restricciones, el número de casos inseguros baja.
También incide la educación sexual, que debe contemplar la sexualidad de una
persona como algo integral.
Hay otros factores que inciden: que efectivamente los
centros de salud cuenten con la capacitación adecuada y con los insumos
pertinentes. No sólo con la medicación sino con el instrumental requerido para
abortos quirúrgicos. Hay países que incorporaron el misoprostol -una de las
drogas recomendadas por la OMS para abortos químicos- en los que también
disminuyeron los abortos inseguros. Pero aún tenemos 25 millones de casos al
año. Y crear restricciones legales no ha disminuido ese número.
-¿Por qué cree que la eliminación de restricciones para el
aborto sigue teniendo tantos detractores?
-Ni yo ni la OMS podemos hablar de los sentimientos y
pensamientos de la gente. Sólo podemos hablar de lo que sabemos basados en la
evidencia a través de los sistemas sanitarios, que es esto: donde hay más
restricciones, hay más abortos inseguros. Si una mujer quiere interrumpir su
embarazo, encontrará la manera de hacerlo. Entonces, incluso en los contextos
donde las leyes restringen el aborto, las mujeres se los practican pero en
condiciones inseguras. Esto afecta desproporcionadamente a las mujeres más
vulnerables, porque las que cuenten con mayores recursos podrán acceder a
procedimientos no tan inseguros. Podrán pagar a quien les cobre extra por estar
realizándoles una práctica insegura.
-¿Cuál es el impacto económico de incorporar el aborto
seguro al sistema de salud?
-El impacto ocurre en distintos niveles: en la mujer y en el
sistema sanitario. En cuanto a la mujer, si el paquete de servicios de salud
reproductiva al que accede incluye el aborto seguro, ese impacto disminuye
notablemente. No obstante, para muchas mujeres sigue teniendo costo económico
someterse a un aborto seguro: están a cargo del cuidado de los chicos y
entonces deben pagarle a alguien para que los cuide, o tienen que tomarse una
licencia en el trabajo para realizarse la práctica, o incluso perder el trabajo
si es informal. Cuando el acceso al aborto no está incluido en el sistema
sanitario, los costos son más altos y eso implica una barrera para las mujeres
más vulnerables, que las deja en un escenario muy inseguro.
Para el sistema de salud, si debe responder a las
complicaciones de abortos inseguros, las internaciones y los traslados suelen
ser más complejos y más costosos que las que podrían surgir de un procedimiento
seguro realizado químicamente, o incluso de un aborto quirúrgico seguro, que
tiene riesgos mínimos. Estos costos pueden resultar muy altos.
-¿Más o menos altos que si el aborto estuviera incorporado
al sistema sanitario?
-Resolver las complicaciones de abortos inseguros tiene
costos extremadamente altos. Es difícil contemplar como iguales un escenario en
el que el aborto es inseguro y otro en el que es parte del paquete de salud,
porque siempre depende de los costos que se manejen en cada país y porque la
provisión de abortos seguros implica que la atención, en general, se realiza en
centros primarios de salud, que están debidamente preparados para derivar un
caso a un centro de mayor complejidad si es necesario. En cambio las
complicaciones de abortos inseguros suelen requerir mayor complejidad, por lo
que los recursos destinados en ese caso pueden ser sensiblemente más altos.
-Cuando el aborto pasa a ser una práctica legal, ¿la
cantidad de casos baja o sube?
-Eso depende mucho de cada país. Y la OMS no se centra en
eso, sino en la existencia de abortos inseguros, ya que ese es justamente el
problema de salud pública. Sabemos que leyes restrictivas no disminuyen el
número de abortos y que los abortos inseguros bajan cuando hay acceso a abortos
seguros. Y también sabemos que lo que sí disminuye la cantidad total de abortos
es un paquete de salud reproductiva que contemple una educación sexual a la que
todos tengan acceso y que entienda la sexualidad como un aspecto integral de la
vida de las personas, así como el constante acceso a la información y a la
anticoncepción.
-¿Cuál es el rol del Estado en este escenario?
-Dado que se trata de una cuestión de salud, esto requiere
la atención de muchos participantes. El Estado es quien diseña las políticas
sanitarias y el acceso a distintos servicios de salud reproductiva. A la vez,
como se ponen en juego cuestiones educativas, el área de Educación del Estado
debe involucrarse. También tienen injerencia los prestadores de salud, públicos
y privados, quienes proveen de la información necesaria a la población. Por
último, la discusión sobre la sexualidad también debe tener lugar en la
familia. Los cambios culturales llevan tiempo y empiezan en cada casa. Muchas
veces, esos cambios ocurren a medida que el Estado cambia las normativas
vigentes.
Desde afuera del edificio vidriado en el que funciona la
Organización Mundial de la Salud en esta ciudad, en chino, en ruso, en inglés,
en francés y en castellano, puede leerse “...alcanzar para todos los pueblos el
grado más alto posible de salud”.
Fuente: Diario Clarín
