La calidad de un gobierno depende de la calidad de las
políticas públicas que decide y ejecuta. Cada decisión supone una secuencia
preparatoria que va desde la recolección, sistematización e interpretación de
la información hasta la presentación de alternativas. La implementación
requiere conocimientos específicos, técnicas más o menos sofisticadas,
interacción entre redes de asuntos y vínculos con actores. Para ello el Estado
cuenta con una burocracia de cuya capacidad depende la calidad de las políticas
públicas.
Dentro de ese conjunto es clave la franja gerencial, un
conglomerado heterogéneo distribuido por toda la administración y compuesto por
los "cargos con funciones ejecutivas". Según la normativa, esos
cargos se proveen por concurso y se reconcursan cada cinco años. Pero, en forma
creciente desde 1999, se designan por la vía excepcional. Los requisitos de los
puestos son muy rigurosos, pero las designaciones transitorias suelen
efectuarse con un doble mecanismo de excepción: al procedimiento y a los
requisitos.
La totalidad de los cargos con funciones ejecutivas
comprende tres subconjuntos: por un lado, están aquellos que alguna vez
concursaron, pero cuyo período venció y fueron renombrados sucesivamente por
todos los gobiernos. A priori se trata, en general, de personas con alta
capacitación aquilatada por una larga experiencia, valor clave sobre todo
cuando se carece de memoria institucional. En segundo lugar hay funcionarios
que fueron designados excepcionalmente, pero que adquirieron legitimidad de
ejercicio por su capacidad y fueron redesignados varias veces. Y finalmente hay
un subconjunto variable que se debe a designaciones puramente políticas, cuya
racionalidad obedece a los más variados motivos. El régimen transitorio trata a
todos por igual, exigiendo un deber de lealtad asociado a la amenaza de la no
renovación del nombramiento.
La consecuencia más perniciosa del sistema es el alto grado
de politización de la gerencia pública, con la previsible secuela de baja
calidad de gestión y el elevado riesgo moral frente a casos de corrupción.
En primer lugar, la politización empieza en la pérdida de
autonomía que supone la sujeción prácticamente completa hacia los superiores
políticos. Las designaciones transitorias se efectúan por seis meses, quedando
la renovación a discreción del funcionario político. Otras medidas contribuyen
a la politización de los cargos. A través de los sucesivos retiros voluntarios,
el Estado pierde personal altamente capacitado y debe reemplazarlo por otro
menos idóneo designado de modo excepcional. La no extensión de la edad
jubilatoria para el personal del Estado impide aprovechar los conocimientos y
la experiencia de aquellos gerentes que llegan al límite. Muchos de estos
funcionarios manejan cuestiones sumamente delicadas y de alto valor monetario,
pero han sido excluidos de los recientes aumentos fijados para el personal del
Estado. En síntesis, los gobiernos los tratan como si fueran una posesión
propia y les imponen unilateralmente cargas o ventajas desproporcionadas a su
responsabilidad.
Las consecuencias en cuanto a calidad de gestión son
previsibles. Sin carrera funcionarial. no hay capacidad instalada para las
emergencias ni para la normalidad,, se carece de memoria institucional y se
alimenta la contratación de consultoras, a las cuales no se podrá controlar por
falta de gerentes formados y autónomos.
Fuente: Diario La Nación (Por: Huso Luis Dalbosco - Profesor de Políticas Públicas)
