PAMI, otras obras sociales
nacionales e Incluir Salud tienen cientos de demandas. Las acciones que se
iniciaron contra el IPSS en siete meses duplicaron a las de 2018.
Myriam Sánchez puso en venta su casa en villa Soledad. Con
una hija que tiene su vida atada a medicamentos que no le llegan desde abril,
no le quedó otra opción. A Vanina le diagnosticaron una cardiopatía congénita e
hipertensión pulmonar irreversible a los tres años. Su dieta es carísima, tiene
anemia crónica y toma 400 pastillas por mes.
Su vida está atada a cuatro medicaciones. La más cara y
crucial, Usenta (Bosentán), cuesta $155.000. La caja, de 60 comprimidos, le
dura un mes. A la última se la consiguió Jorge David, el sandwichero más famoso
de Salta, pero ni siquiera su inmenso corazón puede ya garantizarle a Vanina
las pastillas que están por las nubes. Hoy tomará las últimas que le quedan.
Incluir Salud le cerró las puertas a su esperanza hace
cuatro meses. Un amparo, resuelto en noviembre de 2015 por la Justicia Federal,
obligó al programa estatal de salud a suministrarle el medicamento, pero las
entregas fueron interrumpidas en marzo, pese al fallo.
Su madre, atragantada de angustia e impotencia, decidió
vender el techo que comparten con Vanina desde hace más de 30 años. "No
tengo opción: es la vida de mi hija!", exclamó Myriam.
Así son muchos de los calvarios que encierran cientos de
causas tramitadas en la Justicia Federal por reclamos de medicamentos,
prestaciones y prácticas médicas rechazados, recortados o demorados por obras
sociales nacionales y sindicales.
Las demandas que se concentran en el fuero federal incluyen
acciones de jubilados del PAMI y pensionados de Incluir Salud, el programa
federal que suplantó al PROFE.
Oxígenodependiente
Analía Castro, de 34 años, padece hipertensión pulmonar.
Pasa sus días conectada a una mochila de oxígeno. Pese a un amparo, Incluir
Salud dejó de suministrarle hace seis meses los comprimidos de Bosentán. En las
oficinas del programa federal le manifestaron que no podían gastar $2.400.000
por mes en una paciente. Su médico, Alberto Robredo, le recetó entonces Veletri
Epoprostenol, un vasodilatador más accesible, pero desde hace dos meses tampoco
lo recibe.
El pasado jueves, con una nueva presentación ante la
Justicia Federal de Salta, Analía pidió que se haga cumplir el fallo del
amparo. La joven denunció que en la oficina del programa le recriminaron que
haya expuesto su situación en los medios. Ante los reproches, aclaró que ella
es soltera y que no tiene modo de costear la mediación que, según advertencia
médica, "no puede suspenderse porque existe riesgo de muerte".
En el IPSS
Los juicios de amparo presentados por afiliados del
Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) son resueltos por jueces provinciales.
En lo que va del año se interpusieron 82 recursos contra la
obra social del sector público.
La cantidad de acciones notificadas hasta el pasado jueves
duplicaba al total de las demandas del año pasado. Durante todo 2018 el IPSS
enfrentó 41 demandas por remedios, prestaciones y prácticas médicas.
En el llamativo salto pesaron, fundamentalmente, reclamos
por prestaciones a personas discapacitadas a valores ajustados a la Ley
nacional 24.901. Esa norma, a la que adhirió la mayoría de las provincias,
facultó al gobierno nacional a determinar valores de referencia, pero Salta
tiene establecido un sistema de atención integral propio, a través de la Ley
7.600. Esta normativa contempla las mismas prestaciones del nomenclador
nacional, pero a valores acordados por el IPSS con los prestadores.
En la masa de afiliados de la obra social hay 6.000 personas
con discapacidad, de las que 3.700 figuran como consumidoras de prestaciones
encuadradas en la Ley 7.600. El 98% de los prestadores factura sus servicios en
función del marco normativo provincial, pero jueces salteños, ante algunos
amparos, ordenaron al IPSS cubrir las prestaciones a valores nacionales, sin
considerar los factores diferenciales ni la propia autonomía provincial.
En este contexto, desde enero se iniciaron 43 juicios por
diferencias de valores en prestaciones por discapacidad.
En la grieta judicial, operadores de la región central del
país parecen haber visto en Salta un terreno fértil para ampliar sus
facturaciones con juicios que raras veces se rechazan.
Algunos magistrados, con un análisis lineal de tratados
internacionales que Argentina incorporó a su Constitución, conceden los amparos
de modo casi automático. Por eso, en las causas tramitadas resaltan, a la par
de justas demandas, claros aprovechamientos.
En lo que va del año se presentaron 8 demandas de amparo
para acceder a leche medicamentosa con un 100% del costo cubierto por el IPSS.
Para la generalidad de los afiliados que tienen hijos con intolerancia a la
lactosa la cobertura está establecida en el 80%.
Los demandantes que acceden a leches con formulación
especial sin costo son, en la inmensa mayoría de los casos, profesionales o
personas de alto poder adquisitivo, relacionadas con el Poder Judicial e
incluso ligadas a éste.
Burocracia
La burocracia también resalta en los expedientes. Este año
cinco amparos se interpusieron por deficientes respuestas o demoras
administrativas. También se iniciaron acciones judiciales para contar con
acompañantes terapéuticos las 24 horas en viviendas familiares (11 demandas),
derivaciones (7), prótesis (5), medicaciones oncológicas (5), internaciones
(3), cirugías (2), afiliaciones (2), requerimientos de cardiodesfibrilador (1)
y neuroestimulador (1), pedido de estudios genéticos (1) y fertilización asistida
(1). También salió un fallo judicial que obliga al IPSS a suministrar a un niño
que padece atrofia muscular espinal (AME) un medicamento, Spinraza, de altísimo
precio. Tiene un costo de 750 mil dólares, en el primer año de tratamiento, y
de 300 mil dólares en los siguientes.
Preocupa el impacto de las demandas
La judicialización de la salud y su impacto preocupan cada
vez más al Consejo de Obras y Servicios
Sociales Provinciales de la República Argentina (Cosspra).
De hecho, serán el eje temático del II Congreso Nacional que
se realizará el 5 y 6 de septiembre en Puerto Madryn (Chubut).
El Cosspra es una institución civil sin fines de lucro que
nuclea a las 24 obras sociales provinciales. Todas suman 7,2 millones de
afiliados. Martín Baccaro, el titular del Instituto Provincial de la Salud de
Salta (IPSS), preside el Consejo.
Reproducción asistida
Los tiempos en que la reproducción asistida ocupaba los
primeros planos en los amparos quedaron atrás. Desde enero solo se presentó una
demanda contra el IPSS.
La explicación de la merma se remonta a octubre de 2016,
cuando la Corte Suprema falló sobre la cantidad de tratamientos de alta
complejidad que deben cubrir las obras sociales y prepagas.
Aquel pronunciamiento confirmó una resolución de la Cámara
Federal de Salta, que había adoptado el temperamento de que sean tres en total
los tratamientos de alta complejidad.
Hasta entonces la Ley 26.862 se había prestado a
interpretaciones discordantes.
Las demandadas planteaban que estaban obligadas a cubrir
hasta un máximo de tres tratamientos de alta complejidad de por vida.
Demandantes, por su parte, insistían en que el impreciso texto de la ley
habilitaba a una mayor cantidad de intentos con técnicas de alta complejidad,
lo que la Corte finalmente rechazó.
Fuente: El Tribuno
