Como es de público conocimiento, en el día de ayer la Secretaría de Gobierno de Salud publicó
en el Boletín Oficial la actualización del protocolo de aborto no punible
mediante la Resolución 3158/2019 (más abajo su texto completo), pero ésta
generó una serie de críticas internas al punto tal que el Presidente Mauricio
Macri se encuentra analizando si mantiene o no la medida. Hasta el momento, la
norma no ha sido oficialmente derogada.
Cabe recordar un antecedente muy importante al respecto, sobre el trabajo realizado por el área de Salud de la Defensoría del Pueblo de la Nación, (Institución Nacional de Derechos Humanos) en el año 2016, sobre varias actuaciones, entre ellas, la
actuación 8318/15 caratulada como "Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Salud
Sexual y Reproductiva", alineada con el Objetivo 3 de los ODS: Garantizar una vida sana y
promover el bienestar en todas las edades. 3.7. Para 2030, garantizar el acceso
universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de
planificación de la familia, información y educación, y la integración de la
salud reproductiva en las estrategias y programas nacionales, disponiéndose a tal
efecto el inicio de las actuaciones vinculadas con el Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable.
Texto completo de la Resolución 3158/2019:
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD
En orden a toda la labor realizada, se había solicitado a la Subsecretaria
de Atención Primaria de la Nación (dependiente del Ministerio de Salud de la
Nación por entonces), que informase si en el ámbito del Ministerio se ha
considerado el dictado de un acto administrativo por el que se apruebe el
denominado “Protocolo para la Atención de las Personas con Derecho a la
Interrupción Legal del Embarazo”, y al observarse que no se había procedido al respecto, se dispuso
dirigir un exhorto al Ministerio de Salud de la Nación para que otorgue la
jerarquía correspondiente al mencionado protocolo dictando el acto administrativo
correspondiente, o bien, proponiendo el dictado de un decreto que permita
mostrar el cumplimiento de las directrices dirigidas al Estado Nacional por los
organismos internacionales, en pos de la defensa y protección de los derechos
humanos de las mujeres.
Texto completo de la Resolución 3158/2019:
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD
Fecha de publicación 20/11/2019
Ciudad de Buenos Aires, 19/11/2019
VISTO el Expediente N° EX-2019-97499259-APN-DD#MSYDS del
Registro del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL y,
CONSIDERANDO:
Que promover el derecho que tienen mujeres, niñas,
adolescentes y toda persona con capacidad de llevar adelante una gestación y/o
de acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) cuando éste se encuadre
en las causales previstas por el sistema normativo del país, se encuentra entre
las principales acciones implementadas por el Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable (PNSSyPR), ahora Dirección de Salud Sexual y
Reproductiva, para alcanzar los objetivos establecidos en su ley de creación
(25.673).
Que la interrupción del embarazo debe ser brindada bajo los
mismos parámetros que otros componentes del servicio de salud, es decir,
respetando los estándares de calidad, accesibilidad, confidencialidad, competencia
técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada.
Que, para dar respuesta y garantizar el derecho mencionado,
el entonces Ministerio de Salud ya publicó, como antecedente, el “Protocolo
para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal
del embarazo” en el año 2015, que, a su vez, tomó como base las dos ediciones
de la “Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles” de 2007 y
2010.
Que la actualización del Protocolo para la atención integral
de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo está diseñada
en base a la comprensión fundamental de que todo el personal del efector de
salud (incluyendo el administrativo y de seguridad) es responsable de
garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo cuando éste ponga
en riesgo la vida o la salud de la persona embarazada o cuando sea producto de
una violación.
Que mediante el dictado de la Ley N° 25.673 se crea el
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en el ámbito del
entonces Ministerio de Salud, cuya responsabilidad primaria es la de gestionar
la implementación de políticas vinculadas a salud sexual y procreación
responsable de la población.
Que por Decisión Administrativa N° 307/2018 se crea la
Dirección de Salud Sexual y Reproductiva. Que resulta el eje estratégico de la
Dirección de Salud Sexual y Reproductiva el garantizar el acceso a la salud
sexual y la salud reproductiva como derechos, elaborando materiales de
información y guías de atención que se distribuyan en todo el territorio
nacional.
Que el derecho de acceso a la salud es abordado por el
Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la
interrupción legal del embarazo sin incurrir en discriminación alguna e incluye
en su línea de atención a todas las personas con posibilidad de gestar un
embarazo, sin ninguna distinción relativa a su identidad de género ni a las
prácticas sexuales que pudiera llevar a cabo.
Que la interrupción del embarazo es un procedimiento
sumamente seguro si es practicado con los instrumentos y en las condiciones
adecuadas.
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define el
aborto inseguro como un procedimiento para terminar un embarazo efectuado por
personas que no cuenten con las habilidades necesarias o en condiciones
carentes de los estándares médicos mínimos, o ambas.
Que es preciso enfatizar que los derechos sexuales y los
derechos reproductivos están garantizados en nuestro país por un amplio marco
legal que tiene como base la Constitución Nacional, tratados internacionales,
el Código Civil y Comercial y el Código Penal, como pilares fundamentales sobre
los que se apoyan las leyes nacionales y provinciales.
Que en la actualidad el aborto en Argentina no es
considerado delito cuando se solicite la práctica para evitar un peligro para
la vida o la salud de la persona embarazada, o cuando el embarazo sea producto
de una violación, según establece el artículo 86° del Código Penal.
Que a través del fallo “F., A. L. s/ medida
autosatisfactiva”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), estableció
que quien se encuentre en las condiciones descriptas en el art. 86 del Código
Penal “[…] no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial
para interrumpir su embarazo, toda vez que la ley no lo manda, como tampoco
puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo
ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta punible”
(CSJN, 2012: considerando 21).
Que la actualización del Protocolo para la Atención Integral
de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo es parte de la
política pública llevada adelante por la Dirección de Salud Sexual y
Reproductiva ya que responde a la necesidad de actualizar la normativa
adaptándola al Código Civil y Comercial de 2015 y la Resolución 65/2015 del Ministerio
de Salud de la Nación.
Que la actualización del Protocolo para la Atención Integral
de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo responde
también a la necesidad de actualizar las recomendaciones internacionales acerca
de los procedimientos para la interrupción legal del embarazo (dosis de
medicamentos y AMEU) y reforzar la importancia del acceso rápido a la atención
integral y a la práctica, haciendo hincapié en la atención en el primer nivel y
los tratamientos con medicamentos.
Que a los fines de su aprobación, se han tenido en cuenta la
información científica actualizada, aprobada y validada internacionalmente para
que los equipos de salud dispongan de lineamientos claros y precisos.
Que esta actualización del protocolo ha sido elaborada con
la colaboración de destacados especialistas en el tema, de acuerdo a criterios
internacionalmente vigentes, y estableciendo una metodología de trabajo
rigurosa y uniforme en la materia para el ámbito nacional.
Que la DIRECCIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, la
SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y la
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS, han
tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD Y
REGULACIÓN SANITARIA, ha tomado intervención en el marco de sus competencias.
Que LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL ha
tomado la intervención de su competencia.
Que en virtud de lo establecido en el artículo 20 del
Decreto Nº 802/2018 corresponde el dictado de la presente medida al Secretario
de Gobierno de Salud.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el “PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DERECHO A LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO”
Actualización 2019, que como ANEXO ÚNICO (IF-2019-103067035-APN-DSSYR#MSYD)
forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección
Nacional del Registro Oficial y oportunamente archívese.- Adolfo Luis
Rubinstein
