En estos días reflexionando sobre el estado de situación del
Programa Médico Obligatorio (PMO), en tanto se extienda el tiempo de
aislamiento, resurge esta pregunta: ¿cuál es la utilidad actual del Programa
para prevenir y atender las necesidades de los ciudadanos que se encuentran
bajo este paraguas?
Cierto es que no
todas las coberturas cuentan con este recurso, sabemos que las entidades que se
localizan fuera del sistema nacional de salud, es decir las que no son, en
principio, controladas por la Superintendencia de Servicios de Salud, pueden o
no, a través de sus reglamentos adecuarse al PMO, proceso que en general no se
verifica ¿Por qué?
La respuesta es sencilla, una cuestión de extensión
ilimitada de prestaciones contenidas en esta canasta de servicios y el
financiamiento que se precisa para abarcar este conjunto de prestaciones
incluidas, ergo, dos más dos son cuatro y no cinco.
En suma, las obras sociales de origen sindical y otras entre
las que se encuentran las empresas de medicina prepaga (EMP), son las que deben
brindar el PMO, que crece a través de incorporaciones que no siempre provienen
de la evaluación de las necesidades y prevalencias de la población, sino por
distintos caminos, incluyendo las demandas de orden judicial, que no tiene otro
destino: ‘el que mucho abarca poco aprieta’, clarísimo, en tanto engordamos el
Programa, menos movilidad tiene…
Esta cuestión, recurrente en los ámbitos de la salud, no se
resuelve de otra forma que no sea a través de la gestión de los equipos que
deben liderar la gobernanza, para dar certeza a cada uno, de los servicios a
los que puede acceder y aquellos que no están contemplados. La certeza, es
decir el opuesto a la incertidumbre, da seguridad y capacidad de elección.
De qué sirve que presuntamente se ofrezca todo, si luego
ello es sólo una ilusión… que a los que perjudica es a quienes más lo
necesitan. Los servicios de salud son costosos es por ello que el Estado brinda
‘salud pública’, a la que muchos detestan y critican indiscriminadamente. El
esfuerzo que el responsable -es decir el propio Estado como garante de la salud
de su población- debe realizar es importante y qué tal si le agregamos a esta
receta ‘federalismo auténtico’, para que las jurisdicciones también puedan
realizar la oferta que requieren sus habitantes.
Es difícil, sí. Es imposible, no.
Dra. Mónica Teresita del Cerro
Jefe del Área de Salud, Acción Social, Educación y Cultura del
Defensor de Pueblo de la Nación Argentina
(Buenos Aires, 4 de agosto de 2020)
(Buenos Aires, 4 de agosto de 2020)
