No es posible obviar el escándalo ocurrido con relación a la aplicación de vacunas contra el COVID 19, a personas con influencias o cercanas a la autoridad sanitaria u otras, tal como se infiere de la selección negativa que correspondió a ciertos actores que merecieron el privilegio de inmunizarse, en tanto se había comenzado a generar confianza en la población que se inscribió mansamente en su jurisdicción de acuerdo con los lineamientos difundidos.
El privilegio no es una condición que permita organizar un orden de prioridades, distinto al indicado por la propia autoridad sanitaria, respecto de la compra, distribución y aplicación de las vacunas. Más allá del misterio pendiente de resolución, que importa el corrimiento de la cabeza del Ministerio de Salud de la Nación, quien por acción u omisión, permitió que se generasen prerrogativas en favor de personas que no revisten ninguna condición particular, frente, por ejemplo, al personal sanitario que se ocupa de gestionar la pandemia desde sus puestos de trabajo, cada día, todos los días desde marzo 2020, lo ocurrido es inadmisible y pone de manifiesto la falta de solidaridad de un grupo de personas que desprecian a los simples mortales y sólo miran su propia conveniencia y seguridad.
Ninguno de estos afortunados pudo explicar el por qué fue preferido para recibir la vacuna, nada los ampara, quedaron fuera del paraguas de protección y pacientemente esperarán que este momento pase como tantos otros, aplastado por otro tema que ocupe las primeras planas…
Una verdadera muestra de inmoralidad que hace muy difícil pensar que donde presten servicios tendrán en cuenta otros intereses que no sean los propios o el de sus allegados. Esta es la muestra más contundente de la falta de moral y ausencia de principios éticos para ejercer funciones relacionadas con el entramado social.
Los principios se drenan por la alcantarilla y la Biblia se acomoda contra el calefón…
