Hace tres meses, y después de varios años de lucha, el
Congreso votó la Ley de Fertilización Asistida. Se trata de una ley inclusiva,
que no pone límites en la edad, ni en el sexo ni en el estado civil de los
interesados. Es una ley que amplía derechos: no toma la infertilidad como una
enfermedad que debe enfrentar una pareja que no logra concebir un hijo, sino
que hace hincapié en el derecho que tienen todas las personas a reproducirse.
La ley ya fue reglamentada pero las provincias aún no adhirieron, sólo Chubut
lo hizo. Y encima las obras sociales y las prepagas sólo ponen trabas: piden
requisitos irrisorios e ilegales.
Hasta el momento la ley sólo genera confusión.
¿Cuáles son los centros habilitados? ¿Se pueden elegir
libremente las clínicas? ¿El costo de la medicación está cubierto al 100%? ¿Se
debe entregar la documentación que exigen algunas empresas? ¿Se debe pagar la
donación de gametas? ¿Hay que seguir esperando o la aplicación de la ley es
inmediata? ¿Los que ya tienen hijos pero necesitan tratamiento pueden acceder
al beneficio? Las dudas siguen.
La Ley 26.862 de Acceso Integral a los Procedimientos y
Técnicas Médico Asistenciales de Reproducción Médicamente Asistida dice que los
tratamientos de fertilización deben ser incluidos en el Programa Médico
Obligatorio (PMO), y deben ser cubiertos por el sistema público, las prepagas y
las obras sociales. Por ende, los diagnósticos previos también deben ser
cubiertos. La ley fue reglamentada el 22 de julio, y el decreto (956) sostiene
que se deberá garantizar “la cobertura integral e interdisciplinaria del
abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo y los
procedimientos y las técnicas de reproducción médicamente asistida”.
Argentina es un país federal, y como tal, necesita que cada
jurisdicción adhiera a la ley. Sólo Chubut lo ha hecho.
El resto de las provincias está tratando el tema en sus
respectivas legislaturas.
Hay dos provincias que tenían leyes de fertilización previas
a la nacional (Buenos Aires y Santa Fe), pero son restrictivas y los límites
son muchos. Ahora, en esas dos privincias se trata la ampliación de derechos, y
ya tienen media sanción las normas que se equipararán a la ley nacional. De
todas maneras, y aunque con leyes restrictivas, en Santa Fe se hicieron 56
tratamientos y nacieron dos bebés, y en la Provincia ya nacieron 158 bebés. En
Córdoba y la ciudad de Buenos Aires se hacen tratamientos pero sólo a los
usuarios de la obra social estatal provincial (Apross, en Córdoba), y a los
empleados públicos porteños (OSBA).
El Ministerio de Salud, por su parte, ya habilitó 60 centros (ver listado) para que realicen este tipo de tratamientos. Se trata de instituciones públicas
y privadas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Mendoza,
Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe, San Juan, Tucumán y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En la asociación civil Concebir (Grupo de Apoyo para parejas
con trastornos en la Reproducción) reciben infinidad de consultas desde que se
aprobó la ley.
“Las prepagas y las obras sociales están pidiendo requisitos
imposibles, como test socioambientales, piscológicos y hasta acta de matrimonio
de la pareja”, dice a Clarín Guillermina Pieroni. Todo es ilegal, nada de todo
eso está en la ley, que postula todo lo contrario, nada de límites, nada de
requisitos, nada de papeles. En Concebir explican cómo hay que mandar cartas
documento a las empresas de medicina privada que se nieguen a los tratamientos
o que pongan trabas, pero no es lo único que aconsejan hacer. “También hay que
hacer la denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud”, dice
Guillermina.
Se sabía y se intuía que iba a haber reticencias. Los
tratamientos son muy costosos. No tanto los de baja complejidad, pero sí los de
alta. Pueden llegar a los 50.000 pesos, y es muy difícil tener éxito en el
primer intento. Por eso hasta ahora sólo tienen hijos por fertilización quienes
tienen dinero. Pero ahora hay una ley para cumplir.
Fuente: Diario Clarín