El presidente anuncia en rueda de prensa que deja sin efecto
la externalización de seis hospitales públicos de Madrid. El consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty,
abandona el cargo por el fracaso del proceso.
El Gobierno madrileño (PP) se rinde. El mayor plan de
privatización de la gestión de la sanidad pública jamás diseñado en España ha
quedado desactivado este lunes después de que el presidente madrileño, Ignacio
González, anunciara que renuncia a seguir adelante con él. Al menos de momento,
ya que no descartó hacerlo en un futuro, por más que dentro del Partido Popular
considerasen la posibilidad “más que remota”.
La dimisión de Javier Fernández-Lasquetty, consejero de
Sanidad desde marzo de 2010, se interpreta de hecho como la renuncia definitiva
a los planes de privatización a cuatro meses de las elecciones europeas y a
menos de año y medio de las autonómicas y municipales de 2015. Lasquetty será
sustituido por el médico Javier Rodríguez Rodríguez, actual portavoz de Sanidad
del PP en la Asamblea de Madrid. Rodríguez es catedrático de Patología General
y jefe de la Unidad de Hipertensión del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Este martes tomará posesión en la sede del Gobierno regional.
Fue, en última instancia, un revés judicial el que precipitó
la decisión de acabar con un plan que incluía el paso a manos privadas de seis
hospitales públicos inaugurados en 2008 ( (Infanta Sofía, Infanta Leonor,
Infanta Cristina, Del Henares, Del Sureste y del Tajo), afectaba a unos 5.000
trabajadores sanitarios y cambiaba la gestión de sus problemas de salud a 1,2
millones de madrileños. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)
acordaba ayer mantener la suspensión cautelar que pesa sobre el proceso desde
septiembre. Horas después, González claudicaba definitivamente tras meses de
incertidumbre... Y sin reconocer que era un nuevo fiasco al Ejecutivo madrileño
tras el reciente de Eurovegas. “En absoluto es un fracaso”, negó González.
“Este proceso ha abierto un debate que ha servido para concienciar a la
sociedad, ha sido bueno para que trabajemos juntos para reducir gastos sin
perder prestaciones”, llegó a argumentar.
A nadie se le escapa, sin embargo, que la inminencia de las
elecciones europeas y regionales tiene que haber pesado a la hora de decidir
seguir adelante con un proyecto político que le ha costado al Gobierno regional
una huelga sanitaria como no se recordaba en años y manifestaciones con decenas
de miles de ciudadanos protestando en las calles. Dentro del propio Partido
Popular de Madrid se ha discutido, según fuentes internas, sobre si era
conveniente volver a incendiar hospitales, centros de salud y a la ciudadanía
en general perseverando en un proyecto que nunca ha tenido un solo apoyo fuera
de los despachos del Gobierno de González. El Ejecutivo de Mariano Rajoy se
cuidó mucho de darle su bendición explícita en público, y otras comunidades del
PP con proyectos parecidos pero de menor envergadura renunciaron hace meses.
Pese a la variable electoral, González ha explicado su
decisión en términos estrictamente judiciales y, según dijo, de
“incertidumbre”. “No parece razonable que llevemos casi ocho meses sin tener
definida esa medida cautelar generando una incertidumbre y falta de seguridad
que no podemos seguir manteniendo”, argumentó. El presidente, que compareció
junto al ya exconsejero Lasquetty, ambos con semblante grave, aseguró que el
modelo de privatización que pretendían ampliar a seis hospitales de gestión
pública ya es efectivo en otros cuatro centros sanitarios.
Lasquetty declaró que se marcha por “rectitud y por sentido
de la responsabilidad” al no haber podido llevar a cabo un proceso que volvió a
defender como garantía de sostenibilidad económica. Dentro del PP cuestionan la
estrategia “errónea” en la que cayó Lasquetty, exsecretario general de la
Fundación Faes, el think tank neoliberal próximo al PP, al “ideologizar” el
proceso privatizador. González rechazó ayer que así fuera: “Nunca hemos
planteado esta medida como una medida puramente ideológica”, afirmó, por más
que la Comunidad de Madrid nunca ofreció cifras claras del ahorro que pretendía
conseguir.
El plan privatizador está suspendido cautelarmente desde
septiembre, cuando la sección tercera del TSJM ordenó paralizar el proceso
hasta poder entrar en el fondo del asunto. En su auto, este juzgado apuntaba a
posibles irregularidades en la adjudicación, como una modificación de las
condiciones del concurso solo cuatro días antes de que se cerrara el plazo, y a
que los cambios en la gestión serían “irreversibles” si finalmente fallase
contra el Gobierno regional. Un “inusual”, según fuentes jurídicas, movimiento
dentro del TSJM dio un vuelco al proceso poco después. El entonces presidente
de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Gerardo Martínez Tristán, decidió
elevar todos los asuntos relacionados con la privatización (siete recursos
presentados por diferentes colectivos) al pleno de la Sala, bajo su
presidencia. Fue una jugada que los socialistas intentaron parar recusando a
Martínez Tristán por sus vínculos con el PP —está casado con una consejera del
Gobierno de María Dolores de Cospedal, también exalto cargo de la Comunidad de
Madrid y entonces estaba pendiente de los votos conservadores para entrar en el
Consejo General del Poder Judicial—, pero que finalmente echaron atrás el medio
centenar de magistrados del pleno, que acordaron devolver los asuntos a sus
juzgados de origen. La sección tercera, como era previsible, no se ha
contradicho a sí misma, y este lunes se ratificó en la suspensión cautelar.
Con el plan privatizador retirado, sin embargo, siguen
quedando flecos y dudas por resolver. Los seis hospitales llegaron a
adjudicarse en concurso público a tres empresas. No sin polémica, puesto que no
hubo competencia real entre ellas —a cada una le interesaron centros distintos—
y no rebajaron el precio inicialmente ofrecido por el Gobierno de González,
cuestiones sobre las que alertó un informe de la Comisión Nacional de la
Competencia en septiembre pasado. ¿Qué ocurrirá ahora con esas adjudicaciones?
¿Cómo se revertirán? ¿Pedirán algún tipo de compensación las empresas por los
avales que suscribieron y con los que, presumiblemente, llevan perdiendo dinero
todos estos meses? González no aclaró ninguna de estas cuestiones prácticas,
pese a que se le preguntó por ello hasta tres veces. Tampoco las concesionarias
quisieron, a llamadas de este diario, aclarar qué pasos darán.
A preguntas de los periodistas, González añadió que no se
van a introducir más recortes en la sanidad madrileña como consecuencia de esta
decisión de dejar sin efecto el proceso de privatización, aunque se
"seguirán ajustando gastos". Tras la decisión de mantener en suspenso
el procedimiento administrativo, la Justicia, ha recalcado el presidente
regional, no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre
si es o no ajustado a la ley entregar a empresas privadas la gestión de centros
sanitarios de titularidad pública.
Las cinco semanas de huelga indefinida de los médicos
madrileños en protesta por el plan privatizador dejaron 50.000 consultas
suspendidas y cerca de 6.500 operaciones aplazadas. La organización que lideró
este paro, y que impulsó las sucesivas mareas blancas que llevaron la protesta
al centro de la capital, fue la Asociación de Facultativos Especialistas de
Madrid (AFEM). Para malestar del PP, quienes encabezaron las protestas fueron
médicos que reconocían formar parte de su electorado tradicional. Esos
votantes, y las decisiones judiciales, han terminado por doblegar a la
Comunidad de Madrid.
La privatización de seis hospitales públicos de la región
fue el primer gran anuncio político de Ignacio González tras el abandono de
Esperanza Aguirre de la presidencia madrileña. Ahora es también uno de sus más
sonoros fracasos, lo que se añade al fiasco de Eurovegas, un proyecto con el
que el Gobierno regional se comprometió de forma expresa y que se fue a pique a
finales de año.
Gestión privada de hospitales
Fuente: Diario El País
