Dos demandas plantean si tanto los empresarios como su
negocio tienen derechos religiosos protegidos por la Constitución.
Escalinata de acceso al Tribunal Supremo en Washington. (Andrew Harrer - Bloomberg) |
El Tribunal Supremo de Estados Unidos estudiará esta semana
nuevo caso relacionado con los derechos reproductivos de las mujeres, la
reforma sanitaria del presidente Obama y la libertad religiosa. Tras la
avalancha de normativas que desde hace tres años aumentan las restricciones al
aborto en diferentes Estados, la máxima instancia judicial del país volverá a
pronunciarse acerca de si las empresas pueden negarse a proporcionar a sus
empleadas seguros médicos que cubran el coste de anticonceptivos.
Los nueve jueces del Supremo escucharán este martes los
argumentos acerca de si las empresas pueden citar su confesión religiosa para
solicitar su exención de la ley de salud que les obliga a proporcionar seguros
médicos a sus trabajadoras y que éstos cubran el gasto de métodos
anticonceptivos y otros servicios, aunque sea por razones médicas. Los dos
casos plantean ante los magistrados si tanto los dueños de un negocio como la
entidad en sí tienen derechos religiosos protegidos por la Primera Enmienda y
la Ley de Libertad Religiosa.
El Tribunal aceptó el pasado mes de noviembre estudiar dos
casos planteados por la cadena de tiendas Hobby Lobby y los dueños de la
empresa Conestoga Wood Specialties. Ambos parten de la obligación establecida
por la reforma del sistema de salud firmada por Obama en 2010 y cuya
constitucionalidad respaldó el Supremo dos años después. En esta ocasión, no
está en duda la ley sino si el Gobierno federal puede obligar a las empresas a
proporcionar pólizas médicas que incluyan métodos anticonceptivos cuando esto
vaya en contra de las creencias religiosas de los dueños.
Kyle Duncan, abogado de los demandantes, explica que sus
clientes “se han visto obligados” a cubrir el coste de medicamentos abortivos,
en contra de su religión. “Las empresas ya ofrecen pólizas médicas a sus
empleados, pero no pueden incluir este tipo de tratamientos de buena fe",
argumenta.
Las dos familias demandantes defienden que se les está haciendo partícipes de una práctica que va en contra de sus creencias religiosas
La Constitución estadounidense establece que el Gobierno no
puede regular las creencias religiosas de los ciudadanos. Sin embargo, la
cuestión planteada por estos empresarios -si la Primera Enmienda y la Ley de
Libertad Religiosa protege a una empresa igual que a sus dueños- no ha sido
aclarada por la máxima institución judicial del país, hasta ahora.
Las dos demandas surgieron a partir de la aprobación de la
reforma sanitaria y han tenido distinta suerte en los tribunales, por lo que la
Administración Obama pidió al Supremo que las estudiara después de que llegaran
a una corte de apelaciones en el verano de 2013. "Lo que la Casa Blanca ha
argumentado hasta ahora es que estas corporaciones no pierden sus derechos
religiosos dentro del ámbito de sus negocios", dice Duncan.
El revuelo causado por este apartado de la reforma
sanitaria, especialmente entre empresas y organizaciones religiosas, empujó a
la Administración Obama a crear un sistema para que no fueran las compañías,
sino las aseguradoras, las que deban garantizar que las pólizas incluyen esos
anticonceptivos. Sin embargo, para los demandantes, no basta con eso.
Duncan explica que no es suficiente que el Gobierno haya
creado la opción de que una tercera parte, un intermediario -las aseguradoras-
asuman el coste de los anticonceptivos en nombre de las empresas. Las dos
familias demandantes defienden que se les está haciendo partícipes de una
práctica que va en contra de sus creencias religiosas.
"La mayoría de los tribunales que han estudiado estos
casos están de acuerdo en que los dueños pueden practicar su religión, como en
el caso de no querer abrir los domingos", dice el abogado. "Confiamos
en que a pesar de tener que estar sujetos a más regulaciones, podamos conservar
nuestros derechos".
Terry O’Neill, presidenta de la Organización Nacional de
Mujeres -National Organization for Women (NOW), asegura que quien está
limitando los derechos de las trabajadoras son este tipo de empresas al imponer
sus creencias religiosas y limitar el seguro médico al que tienen acceso.
"Se trata de un caso de abuso de poder y es inconstitucional", dice
O'Neill.
"Millones de mujeres confían en este tipo de
tratamiento por razones de salud, si dejamos de proporcionarlos, estamos
condenando su salud", asegura. O'Neill plantea también que puede tratarse
de un caso de discriminación sexual, ya que en ningún momento ninguna de las
organizaciones ha planteado modificar el seguro médico al que tienen derecho
sus empleados masculinos. "¿Por qué deberían ver las empleadas cómo se
impone un dogma religioso sobre ellas?"
Se espera que los jueces pronuncien su sentencia el próximo
mes de junio, apenas unos meses antes de que se celebren unas elecciones
legislativas en las que los derechos reproductivos de las mujeres, así como el
acceso al aborto y métodos anticonceptivos, pueden ser protagonistas. El
Supremo decidirá entonces si la ley interfiere con los derechos religiosos de
los dueños de estas empresas, obligándoles a dirigir sus negocios en contra de
sus creencias, y si las corporaciones cuentan en este ámbito con las mismas
protecciones que los ciudadanos.
Fuente: Diario El País