Defensores del Pueblo de todo el
país presentaron un recurso ante la Superintendencia de Servicios de Salud por
la falta de cumplimiento de la norma, sancionada el año pasado y actualmente en
plena vigencia. Aseguran que no existe excusa para no entregar los fármacos
gratuitos como marca la norma, y reclaman acciones concretas de las
autoridades. El pedido se basó en una denuncia de una entidad de pacientes.
 |
| Encuentro. Representantes de una ONG con el Defensor del Pueblo de Río Cuarto |
Con una fuerte movilización de entidades que nuclean a
pacientes, en noviembre del año pasado se aprobó en el Congreso nacional una
ley que amplia la cobertura de medicamentos y otros insumos para personas con
diabetes. La norma, reglamentada el mes siguiente, establece que obras sociales
y prepagas deben dar una serie de beneficios a sus afiliados que padecen esta
enfermedad, como mayor descuento en fármacos y tiras reactivas. Pero desde hace
un tiempo hay denuncias que las entidades no cumplen la normativa. Por eso,
luego de un encuentro nacional realizado en Capital Federal, Defensores del
Pueblo de todo el país elevaron una queja formal a las autoridades sanitarias
para que se cumpla la ley. El pedido fue llevado al encuentro por el Ombudsman
de Río Cuarto, donde una entidad comenzó a motorizar esta ley.
La ley 26.914 contó con un amplio respaldo legislativo, y se
puso en vigor en diciembre del año pasado. Pero su aplicación es dispar. Por
eso el reclamo de los Defensores del Pueblo ante la Superintendencia de
Servicios de Salud de Nación. Luego a una serie de obras sociales de nuestro
medio, que “no cumplen con la nueva Ley de Diabetes ya vigente”. La denuncia se
realizó en el marco del Primer Plenario de Defensores del Pueblo de todo el
país, que tuvo lugar en la Capital Federal.
Allí, el ombudsman de Río Cuarto, Guillermo de Rivas, llevó
el reclamo de la agrupación Nueva Asociación de Diabetes de Río Cuarto (Nadia),
promotora de la ley 26.914, que garantiza la cobertura gratuita del ciento por
ciento de los medicamentos y reactivos para diabéticos. La resolución del
plenario de defensores requiere al Ejecutivo nacional la reglamentación de la
ley de protección a las personas con diabetes, sancionada por unanimidad en
noviembre del 2013.
Según destacó De Rivas, la acción es imprescindible para
“hacer efectivo el derecho que por ley ha sido reconocido en una norma también
amparada en el derecho constitucional de acceso a la salud”.
El pedido fue apoyado por otros defensores, que detectaron
la misma metodología en sus provincias. José Leonardo Gialluca, Defensor del
Pueblo de Formosa, confirmó que concretara la denuncia correspondiente por ante
el ministerio de Salud de Nación y la Superintendencia de Servicios de Salud
pues señalo que “mientras la ley este vigente las obras sociales deben proveer
de todos los reactivos y medicamentos necesarios y en caso de serles negado o
de encontrar una respuesta evasiva, solicitamos a los ciudadanos concurrir a
este Organismo de la Constitución Provincial para efectuar las denuncias por
incumplimiento a nivel nacional”.
Señalo el funcionario que ciertas obras sociales, apelando
al argumento de que la ley 26.914 no está reglamentada, rechazan las solicitudes de
sus afiliados respecto a la provisión de los elementos imprescindibles para su
tratamiento. Sin embargo, el ente federal que regula el funcionamiento del
sistema de salud nacional sostiene que la norma está vigente al quedar
promulgada de hecho el 17 de diciembre del año 2013. Es por ello que la
obligación de cumplimiento “está fuera de discusión”.
En tanto, la Superintendencia de Servicios de Salud ya ha
respondido a las consultas recibidas sobre el tema por parte de la Defensoría
del Pueblo, afirmando que la nueva ley “ya se encuentra vigente por ende la
obra social tiene obligación de proporcionar al 100 por ciento la cobertura de
los medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol de los pacientes
con Diabetes y en las cantidades necesarias según prescripción médica”. “Para
acceder a dicha cobertura, sólo será necesaria la acreditación, mediante
certificación médica de una institución sanitaria pública, de la condición de
paciente diabético”.
Los Defensores del Pueblo de la República Argentina
señalaron que ello permitirá hacer efectivo lo dispuesto en dicha normativa
amparada en el marco general del Derecho Constitucional de acceso a la Salud,
específicamente la implementación de medidas necesarias para la plena
divulgación de la problemática derivada de la enfermedad diabética, las
campañas para la detección y concientización de la misma, la constitución de
juntas medicas especializadas para determinar circunstancias de incapacidad específica
para el Desarrollo de Actividades Laborales. Asimismo, ello permitirá hacer
efectivo la obligación de establecer las normas de provisión de medicamentos e
insumo que se tornen exigibles a hospitales, mutuales, prepagas, obras
sociales, garantizando la cobertura del 100 por ciento y sus reactivos, entre
otros aspectos que dispone la ley.
Nydia Farhat, representante de Nadia, dijo que si bien la
ley está vigente y la Presidenta Cristina Kirchner llegó a felicitar a los
legisladores por la normativa aprobada por unanimidad, se vencieron los plazos
previstos y el Ejecutivo no la reglamentó, situación que es utilizada por
algunas obras sociales para no otorgar al paciente lo que prescriben los
médicos.
“La enfermedad no se toma descanso, la diabetes, el
sufrimiento no espera, y a las complicaciones que implica la enfermedad les
tenemos que sumar este engorro que es lograr la reglamentación de la ley. Pero
seguiremos luchando. Es un derecho de los diabéticos y hasta es más barato para
las obras sociales darle el tratamiento que corresponde a la gente y no que
después le tengan que amputar una pierna”, advirtió la representante de la ONG.
Fuente: Mirada Profesional Farmacéutica
