La Defensoría del Pueblo de la Nación, a través de su
Secretario General, CPN Carlos Haquim, exhortó al Instituto Médico de
Obstetricia -en su carácter de prestador de la obra social ANDAR- que arbitre
las medidas necesarias para revisar y modificar prácticas que se encuadran bajo
la definición de violencia obstétrica. Esta medida tiene como fin hacer visible
la problemática de la violencia obstétrica y, consecuentemente, empoderar a las
mujeres sobre sus derechos en el proceso de embarazo, parto y post parto.
Ocurrió que una particular había solicitado la intervención
del Defensor nacional ante el Instituto Médico de Obstetricia (IMO) -en su
calidad de prestador de la Obra Social de Viajantes Vendedores de la República
Argentina (ANDAR)-, debido a malos tratos que habría recibido en ocasión del
parto prematuro de su hija.
La intervención de la Defensoría no sólo se centró en la
praxis médica sino que intentó determinar cuáles son aquellas prácticas
naturalizadas en los establecimientos asistenciales que conllevan una carga de
violencia hacia la mujer embarazada, en situación de parto o postparto, las
cuales ameritan ser revisadas y modificadas por el equipo de salud.
Para ello, tuvo en cuenta que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) recomienda "Permitir que las mujeres tomen decisiones acerca
de su cuidado durante el proceso del embarazo y parto; el acompañamiento
continuo durante el trabajo de parto y parto; la libertad de movimiento y
posición durante el trabajo de parto y hacer uso racional de la analgesia y
anestesia, limitando la tasa de cesárea al 10-15%; entre otras normas; y que el
Ministerio de Salud de la Nación elaboró en el año 2010 una guía práctica
clínica sobre la atención al parto normal.
Además, envió tal resolución al Ministerio de Salud de la
Nación, a la CONSAVIG, al INADI, al Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable y a la obra social ANDAR, para que adopten las medidas
de su competencia.
Cabe agregar que la Defensoría forma parte de una mesa de
trabajo instrumentada por la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la
Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG), dependiente del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cuyo objetivo es
trabajar sobre la temática de violencia obstétrica, junto a otros organismos,
como ser, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el Instituto
Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de
Salud de la Nación, profesionales de hospitales públicos y ONGs vinculadas a la
temática.
Audio radial sobre este caso (Lic. Laura Amado)
Audio radial sobre este caso (Lic. Laura Amado)
Descargar la Resolución de la Defensoria del Pueblo de laNación Argentina
Fuente: Defensoría del Pueblo de la Nación
Fuente: Defensoría del Pueblo de la Nación
