El Gobierno reglamentó ayer la ley de producción pública de
medicamentos, que había sido sancionada por el Congreso en junio de 2011 para
garantizar el acceso a los medicamentos a toda la población. La publicación de
la reglamentación se hizo ayer en el Boletín Oficial, casi un mes después de
que el Gobierno obligara a los laboratorios privados a retrotraer los precios
de los medicamentos al 7 de mayo y a congelarlos por 60 días.
En la Argentina hay 39 laboratorios que dependen de
municipios, provincias o de las universidades nacionales, como el Laboratorio
de Hemoderivados en Córdoba o el Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa
Fe. Más del 40% de esos laboratorios están en la provincia de Buenos Aires.
“Que se publique la reglamentación de la ley de la
producción pública es un éxito de muchos años de lucha colectiva”, dijo a
Clarín Claudio Capuano, coordinador de la cátedra libre de salud y derechos
humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), un
espacio que junto con académicos y organizaciones sociales venían reclamando
por una mayor atención hacia los laboratorios públicos a partir de la crisis
financiera que afectó al país en 2001. En 2008, se había creado el programa
nacional para la producción de medicamentos, bajo la órbita del Ministerio de
Salud, y en 2011 se sancionó finalmente la ley nacional, que había sido
impulsada por el ex diputado Eduardo Macaluse (SI), aunque se basó en proyectos
anteriores de legisladores de diversos partidos.
Ahora salió la reglamentación que establece que la
investigación y producción en los laboratorios públicos se orientarán
prioritariamente a la generación de medicamentos esenciales siguiendo la
recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Los laboratorios públicos
hoy producen el 80% de los medicamentos considerados esenciales, aunque en
bajas cantidades. Con la reglamentación se espera que la producción aumente y
que sea coordinada. Para eso, se creará un registro, y se evitarán las
superposiciones productivas. Y se dará preferencia a la compra a los
laboratorios públicos en las compras del Estado. “La reglamentación valora al
medicamento como bien social –resaltó Capuano– y fortalece la soberanía
sanitaria del país. Al facilitar el acceso, se garantiza el derecho a la salud”.
Fuente: Diario Clarín
