El Nunca Más, Informe de la Conadep de cuya presentación se cumplen hoy 30 años, ha quedado inscripto como registro de la memoria histórica de los argentinos; el instrumento que permitió abordar lo inabordable y enfrentar lo inenarrable: la sustracción de miles de vidas por parte de una dictadura que pretendió que no debería dar explicaciones ni rendir cuenta por ello; lo que Kant denominó “el mal absoluto”, y llevó a Hannah Arendt a escribir –recordando la Shoá- sobre “la imposibilidad de perdonar aquello que no podemos castigar y de castigar aquello que se ha vuelto imperdonable”, los crímenes de lesa humanidad y el terrorismo de Estado. Mucho se escribió sobre el papel que tuvo el Informe de la Conadep en los juicios que permitieron esclarecer y condenar aquellos crímenes.
Pero hubo –y hay- otra dimensión en la que el Nunca Más fue piedra fundamental: la de la reconstrucción colectiva de la memoria histórica, con los testimonios personales, la documentación y los registros de historia oral que fueron conformando un patrimonio insoslayable. No para reescribir la historia o convertirla en territorio de disputas políticas permanentes sino para que esas disputas se nutran e informen con un yacimiento testimonial lo más completo, rico y fidedigno posible.
Es el papel que deberían cumplir los museos y lugares de la memoria, diferente de los monumentos que reivindican gestas y héroes, pero tan importantes como éstos, y acaso más genuinos y cercanos, tan necesarios para evitar que el olvido se quede con las huellas de nuestra identidad, esas que deben perdurar de generación en generación. Un ejemplo actual de ésto es el destino del edificio situado en la esquina de Callao y Viamonte, emblemático lugar donde funcionó el siniestro Batallón 601 del Ejército, una caja negra de lo que fue la Gestapo o la Stasi argentina. Un cartel colocado en la fachada del viejo edificio hoy en refacción nos informa de su futuro destino como sede universitaria.
Allí, la asociación Baldosas por la Memoria y la Justicia acaba de colocar una placa recordatoria. Sería bueno que, además, el proyecto de obra contemplara un espacio en el que quedara registrada la historia del lugar que fue entre otras cosas sede de la Secretaría de Guerra, lugar en el que se fraguaron muchos episodios que signaron a sangre y fuego nuestro pasado; entre ellos el secuestro del cadáver de Evita.
Algo de historia
En la noche del 20 de septiembre de 1984, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) entregó, en la Casa Rosada, el informe de su investigación al presidente Alfonsín. En Plaza de Mayo 70.000 personas participaban del acto. Vista desde hoy, esa Argentina parece otro país. Los autores de los crímenes de la dictadura más sangrienta de su historia todavía integraban las Fuerzas Armadas, y medio siglo de intervencionismo militar en la vida política hacían temer por la democracia. El mundo y la región también eran otros. En los Estados Unidos, los neoconservadores agudizaban la apuesta, en el marco de la Guerra Fría, de derrotar al comunismo, guerras civiles desangraban Centroamérica, y dictaduras de seguridad nacional gobernaban Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
"Después de la verdad, ahora la justicia" era la consigna del acto. Un día antes, el jefe del Estado Mayor del Ejército había desmentido la existencia de inquietud en los cuarteles aunque había reconocido que, "como toda la ciudadanía", estaban expectantes por el informe, y había reivindicado la "lucha antisubversiva". Mientras, los servicios de inteligencia, cuyos agentes habían actuado durante la dictadura, alertaban al Presidente sobre posibles disturbios.
Tras el acto, desconfiados del gobierno, los familiares de desaparecidos dejaron la plaza y, junto a las Madres de Plaza de Mayo que no participaron de la entrega del informe, marcharon al Palacio de Tribunales para reclamar que la justicia civil actuase en las causas por violaciones a los derechos humanos. Nadie imaginaba, entonces, que el Nunca Más se convertiría en la pieza acusatoria clave en el juicio a las Juntas militares y en la memoria canónica sobre las desapariciones en la Argentina.
Treinta años después, este informe revela una vigencia notable. Es de consulta obligada en los juicios por crímenes de lesa humanidad, para la búsqueda de restos de desaparecidos, de los menores apropiados por las fuerzas represivas y para decidir los ascensos en las Fuerzas Armadas. También juega un papel clave en la transmisión de la memoria. Hasta 2013 se vendieron 610.000 ejemplares, se reeditó una y otra vez, y testimonios incluidos en sus páginas guían a los visitantes en los sitios de memoria e integran los manuales de historia en la escuela media. En el plano político, la interpretación de su prólogo sobre el pasado de violencia ocupa un lugar central en los debates sobre los años setenta.
Fuente: Diario Clarín / Diario Infobae
