La Justicia porteña ordenó que si los médicos consideran que
corresponde prescribir un producto relacionado con el cannabis, el GCBA debe
interponer ante la ANMAT la solicitud de autorización para el uso y/o ingreso
del producto al país.
De esta forma, el magistrado consignó que “si tras la
interconsulta e intercambio de información con los investigadores platenses, el
personal médico del efector de la demandada considera que corresponde
prescribir al actor algún producto médico relacionado con el cannabis,
interponga en el plazo más breve posible ante la ANMAT la correspondiente
solicitud de autorización para el uso y/o ingreso al país el producto médico de
que se trate”.
Asimismo, el juez agregó que “si tras la interconsulta e
intercambio de información con los investigadores platenses, el personal médico
de la demandada que asiste al actor considera que su tratamiento debe continuar
llevándose a cabo en los términos actuales, suministre al actor todo el
asesoramiento e información que al respecto haya podido recopilar o se
encuentre a su disposición”.
El actor promovió una acción de amparo en los términos del
artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 43 de la
Constitución Nacional y de la ley 2145, contra el GCBA a fin de que “se revoque
el acto denegatorio emanado del Hospital General de Agudos Dr. E. Tornú, por
cuanto vulneraría principios y derechos constitucionalmente garantizados y, por
tanto, resultaría un acto administrativo arbitrario, desigual, discriminatorio,
injusto e inconstitucional, en flagrante menoscabo a sus intereses y derechos
personalísimos”.
En este sentido, el amparista solicitó, en consecuencia, que
“se ordene al demandado que, por medio de las autoridades que correspondan,
proceda a prescribir y suministrar cannabis de la especie sativa o índica
(marihuana) en las dosis que sean necesarias y médicamente recomendadas”.
Subsidiariamente, en caso de que ello resulte imposible, el hombre solicitó que
“se lo autorice a realizar su cultivo”.
Al respecto, el juez expresó: “Ha de recordarse que existen
numerosos países que receptan con distintas modalidades y alcances (ya sea
mediante formas de consumo directo o través de fármacos derivados, como por
ejemplo el Sativex) el uso medicinal del cannabis”.
Sin embargo, el sentenciante consignó que “en nuestro país
la autoridad administrativa competente en la materia no ha autorizado aún el
uso medicinal o terapéutico del cannabis, ni éste se encuentra tampoco
reconocido de modo amplio o difundido como integrante de la terapéutica”.
“De lo expuesto precedentemente, cabe concluir que
efectivamente se presenta en el caso una situación en la cual ciertas normas
penales conspirarían contra la posibilidad de un adecuado ejercicio y goce de
derechos individuales del actor”.
Sobre el tema, el magistrado manifestó que “el estudio no
registraría antecedentes análogos en nuestro país, existen recordados
precedentes en los que la Corte Suprema ha resuelto conflictos con aristas que
en algún aspecto se le asemejan —ya sea vinculadas al derecho a la vida, a la
salud o al derecho a la autonomía individual e intimidad— y de los cuáles
corresponde extraer pautas aplicables al presente”.
Respecto a la prescripción del cannabis, el juez explicó que
“la sustancia cuyo suministro pretende no se encuentra reconocida —al menos no
aún— en nuestro país como medicamento o posible integrante de algún tipo de
tratamiento en materia de salud”.
“Por el contrario, no sólo se encuentra incluida en los
listados anexos de la ley 23.737, sino que la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) la ha incorporado en el listado de drogas
vegetales que no pueden ser incluidas en las fórmulas de medicamentos
fitoterápicos o en la composición de suplementos dietarios”.
En tal contexto, el juez entendió que “no puede desconocerse
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la cual se
han rechazado las pretensiones dirigidas a que el Estado u otros prestadores
del servicio de salud suministren drogas o tratamientos en fase experimental
y/o no autorizados para su utilización en medicina humana”.
En segundo lugar, el fallo consignó que “no corresponde al
Poder Judicial determinar qué tipo de tratamiento, medicamento o modo de
abordar una dolencia o enfermedad corresponde aplicar en un caso concreto”. En
este sentido, agregó que “tampoco puede perderse de vista que se encuentra
prohibido a los profesionales que ejerzan la medicina practicar tratamientos
utilizando productos no autorizados por la Secretaría de Estado de Salud
Pública”.
“No habrá de hacerse lugar a las pretensiones de la actora
en el modo en que fueron formuladas. La naturaleza de los hechos probados en
autos a la luz de derechos cuyo amparo persigue el actor exigen tener presente
que, tal como ha señalado en numerosas ocasiones la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, el hombre es el centro de nuestro sistema constitucional y los
procesos no pueden interpretarse como una sucesión de formulismos alejados de
las circunstancias reales y concretas de cada situación. En otras palabras, el
derecho no puede resultar insensible al dolor y al sufrimiento humano”,
concluyó el fallo.
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Fuente: Diario Judicial - Ver más Jurisprudencia
