Un informe asegura
que los países deben priorizar atender a toda la población.
El documento, elaborado a partir de entrevistas y análisis
de informes de distintos organismos y, por lo tanto, una suerte de metanaálisis
del asunto, incluye prácticas determinadas de cómo conseguir una cobertura
sanitaria universal y demuestra que el dinero no lo es todo y que la voluntad
política juega un papel mucho más importante.
Ahí se engloba la declaración de la joven madre de Burundi,
uno de los países escogidos como ejemplo de buena práctica, a pesar de ser uno
de los más pobres del mundo. Ya en 2005, otro informe de la ONG Human Rights
Watch demostró cómo habían caído las tasas de cobertura sanitaria universal en
Burundi y cómo esto había impactado especialmente en las mujeres que requerían
de asistencia hospitalaria para ser madres. Paradójicas prisioneras en los
mismos centros que salvaban su vida y las de sus hijos, el sistema sanitario no
sólo fracasaba a la hora de protegerlas, sino que también violaba sus derechos
humanos básicos.
Pero el informe de Human Rights Watch provocó algo que
debiera ser moneda habitual en todos los países: que el presidente de Burundi
visitara los hospitales y viera lo que ocurría en los mismos. Así, Nkurunziza
-el mandatario- lanzó una nueva política en 2006, que permitía a todas las
mujeres embarazadas y los niños menores de seis años acceder gratis a los
servicios sanitarios.
Por supuesto, esto supuso una serie de reformas en la
financiación de la sanidad, incluyendo más recursos públicos pero también la
interacción con donantes internacionales que mejoraran la disponibilidad de
medicinas esenciales y permitieran pagar más a los trabajadores del sector.
Como concluyen los autores del informe, estas medidas no supusieron que la
cobertura sanitaria universal llegara a todo el país, pero sí mejoraron
drásticamente las tasas de mortalidad infantil. Como moraleja, el presidente
fue reelegido en 2010.
El documento establece, a partir de casos como este y otros
mencionados, una serie de recomendaciones políticas para encaminarse a la
cobertura sanitaria universal. Así, afirma que los países deben priorizar
llegar a cubrir a toda la población a través de servicios asequibles antes que
cubrir solo a grupos seleccionados con paquetes más económicos, y dejar así a
algunos grupos a su suerte. Es lo contrario, por ejemplo, que ocurre en EEUU,
donde veteranos de guerra y mayores de 65 años gozan de buena protección
sanitaria frente a la vulnerabilidad de la mayoría de la población.
También apunta a que la cobertura sanitaria universal sólo
puede conseguirse a través de mecanismos financieros establecidos por los
gobiernos, como impuestos obligatorios y contribuciones a la seguridad social,
lo que sucede en España y en muchos países del entorno. "Los sistemas
financieros dominados por la financiación voluntaria privada nunca conseguirán
cobertura sanitaria universal", sostiene el informe.
La última de sus recomendaciones insiste en la importancia
de la política. Los autores afirman que la transición hacia la cobertura
sanitaria universal, que implica redistribuir los beneficios sanitarios y su
carga financiera es un proceso "muy político" que es proclive a
encontrarse con la oposición de grupos de interés muy poderosos. "Un
compromiso sostenido desde el más alto nivel gubernamental, incluyendo el jefe
de Estado, es esencial en implantar reformas hacia dicha cobertura",
concluye.
Fuente: Diario El Mundo
