El Tribunal Supremo considera prescrito el daño, lo que deja
a los damnificados españoles sin compensación.
En 1957 comenzó a comercializarse en Alemania —sin receta,
porque era “tan inocuo como un caramelo”— un medicamento que aliviaba los
mareos del embarazo. Lo había patentado el laboratorio Grüneltal y en poco
tiempo se vendía ya en muchos países. Apenas un año después empezaron a nacer
niños sin brazos, sin piernas y con otras graves malformaciones. En un primer
momento se atribuyeron a las pruebas nucleares de la Unión Soviética. Pero
siguieron naciendo niños deformes y cuando en 1961 se estableció la causa, el
fármaco fue retirado en Alemania y otros países, pero no en España, donde
estuvo autorizado hasta 1963 y se prescribió incluso más tarde, porque no
existía una vigilancia farmacológica digna de tal nombre.
Para entonces habían nacido ya más de 10.000 niños, unos
3.000 de ellos en España, pero su historia no ha sido la misma. Los afectados
tuvieron que luchar para que el laboratorio asumiera sus responsabilidades
—hasta 50 años después no pidió perdón— y se les reconociera el derecho a una
compensación. En Alemania, por iniciativa del Gobierno, el laboratorio se avino
ya en 1971 a crear una fundación con una dotación de 200 millones de marcos.
Pero los afectados nacidos en España han tenido que lidiar con una doble
desgracia: que a sus madres les fuera prescrito el fármaco, incluso cuando ya
se sabía el daño que provocaba, y vivir en un país que no protege suficiente a
los consumidores y con un sistema de justicia que a veces no lo parece. En los
años en que se produjo el desastre ni siquiera podían saber que había otros
afectados. Cuando por fin lo descubrieron y pudieron reunirse, ya apenas
quedaban unos 500 supervivientes. Lucharon en diversos frentes, pero siempre
chocaron con el mismo problema: demostrar que sus madres habían tomado
talidomida, y hasta 2010 no lograron que se reconociera oficialmente la
existencia del problema. Pero el decreto del Gobierno que lo hacía ponía tales
condiciones de prueba que solo 24 afectados fueron reconocidos como víctimas. Cuarenta
años después no era fácil encontrar una receta o un historial médico.
En 2013, un grupo de 183 afectados interpuso finalmente una
demanda civil contra Grünental. Un juzgado de instrucción de Madrid les dio la
razón y condenó a la compañía a indemnizarles conjuntamente con 204 millones,
pero Grünental recurrió alegando que el daño había prescrito y la Audiencia
anuló la sentencia. Ahora, pese a que la Fiscalía apoyaba la posición de los
afectados, el Tribunal Supremo ha dictaminado que el daño estaba prescrito, y
recuerda que desde 2008 tenían la posibilidad de reclamar, y no lo habían
hecho.
Cualquiera que vea a un afectado por la talidomida ha de
preguntarse cómo es posible que estén en esta situación. Y lo están porque hay
un laboratorio que pide perdón con vistas a la galería pero recurre y trata sin
piedad a sus víctimas, una administración sanitaria que durante años se ha
desentendido de sus errores y un sistema judicial sin alma en el que los
formalismos procesales impiden a veces la administración de una verdadera
justicia.
Fuente: Diario El País
