El acceso a los métodos anticonceptivos es algo imposible
para millones de mujeres.
Sexo
seguro. Es la recomendación de la mayoría de las autoridades sanitarias
ante la expansión del virus del Zika y su posible vinculación al desarrollo de
microcefalia en bebés nacidos de mujeres infectadas. Ese ha sido el consejo de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), de las autoridades estadounidenses y
europeas, así como de los Gobiernos de países como Ecuador, Colombia o El
Salvador. Sin embargo, es una recomendación difícil de cumplir en América
Latina —que concentra el brote—, donde el acceso a los anticonceptivos es
limitado y desigual. Se calcula que en la región, donde muchas mujeres no
tienen la opción de una maternidad libremente elegida, el 56% de los embarazos
son no planificados.
La ONU estima que unos 220 millones de mujeres casadas o que
conviven con su pareja carecen de acceso a métodos anticonceptivos modernos en
los países en desarrollo. Más de 24 millones de ellas viven en América Latina.
Allí, conseguir condones, la píldora o un DIU es prácticamente imposible para
el 33% de esas mujeres en Haití, el 17%
de las guatemaltecas, el 15% de las argentinas o el 12% de las salvadoreñas. A
las barreras financieras, religiosas, culturales y sociales se suma el
gravísimo problema de violencia contra la mujer en el continente.
En estos países, además, las organizaciones contrarias a los
derechos sexuales y reproductivos combaten con fuerza cualquier apertura a las
opciones para que las mujeres puedan decidir sobre su maternidad. Un discurso
que no se ha apagado durante la epidemia de zika y al que poco había
contribuido la iglesia católica. En algunos países, como Puerto Rico, la
jerarquía se ha pronunciado directamente contra la contracepción. Lo que pone
más peso sobre los hombros de las mujeres. La planificación familiar salva
vidas y disminuye la necesidad de recurrir al aborto, prohibido en cinco países
americanos —República Dominicana, Chile, El Salvador, Haití, Honduras,
Nicaragua y Surinam— y muy limitado casi todo el resto.
Porque, como alertan los expertos, tener leyes más restrictivas
no frenan las interrupciones voluntarias del embarazo. Sólo las convierten en
peligrosas y en un problema real de salud pública —los abortos inseguros
representan un 13% de las muertes maternas—. Una mujer que necesite interrumpir
su embarazo tratará de hacerlo, sin importar las restricciones y las
consecuencias, como indica una investigación del Instituto Guttmacher y la OMS.
La ONU instó hace unas semanas a los países afectados por el
zika a garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y al aborto. Pero pocos
de ellos han puesto en marcha campañas y programas intensos para fomentar, por
ejemplo, el control de natalidad. De hecho, no es la primera vez que los
Gobiernos de la región desoyen recomendaciones similares. Como El Salvador, al
que Naciones Unidas y otras instituciones internacionales le ha dado el toque
de atención más de una vez por su prohibición total de la interrupción
voluntaria del embarazo. En ese pequeño país centroamericano, una veintena de
mujeres están privadas de libertad por complicaciones durante el embarazo que
se consideraron abortos fallidos u homicidios agravados —por lo avanzado de la
gestación—.
Fuente: Diario El País - Ver más sobre Embarazo
