Es porque el Programa Médico Obligatorio no se actualiza
hace 14 años. Y las obras sociales se niegan a solventar métodos de diagnóstico
y terapias que son más modernos y eficaces.
Celeste Baroni se enfermó por esperar que atendieran las
secuelas de dos ataques cerebrovasculares que afectaron a su padre. Sufrió por
los reclamos insatisfechos por la obra social. “Primero dejé de trabajar para
cuidar a mi papá, y después me enfermé con síndrome vertiginoso. Casi ni podía
caminar por los mareos”, cuenta a Clarín. La obra social le sigue
“bicicleteando” la atención adecuada del padre, y debió llevarlo a un
geriátrico y poner dinero de su bolsillo. Tras años de reclamos, Baroni está
esperando que la Justicia dicte sentencia favorable a una denuncia penal que
presentó contra la obra social.
El caso de Baroni es muy común en la Argentina. Obras
sociales y prepagas deben garantizar supuestamente el acceso a métodos de
diagnóstico y tratamientos que fueron estipulados por el Programa Médico
Obligatorio (PMO). Pero ese programa, creado en 1996, fue recortado en 2002
durante la crisis financiera, económica y social que enfrentó el país. Desde
entonces, no se actualizó, y hay métodos de diagnósticos, como la ecografía
dentro de las arterias coronarias, o tratamientos para diferentes enfermedades
más eficaces que los que existían hace 14 años, que no son cubiertos.
La demora en la actualización del PMO llevó a que los
pacientes y sus familiares acudan con más frecuencia a la Justicia para
reclamar por su derecho humano a la salud. Y hasta el ministro de Salud de la
Nación, Jorge Lemus, reconoció a Clarín el problema. “Los amparos en la
Justicia son frecuentes, y se perjudica la buena atención de la salud de la
población”.
Para Luciana Escati Peñaloza, presidente de la Federación
Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF), “el sistema de salud es
perverso: obras sociales y prepagas toman con frecuencia al PMO como un piso y
se niegan a dar cobertura para nuevas intervenciones, cuando saben que la
medicina avanza constantemente. Incluso, algunas entidades inducen a que el
afiliado pida un certificado de discapacidad. Así, cubren las prestaciones y
reciben reintegro del Estado”.
Ramiro Rey Méndez, presidente de la asociación civil sin
fines de lucro AdusSalud, también señaló cómo funciona el sistema: “Tienden a
diferir la cobertura y genera una rentabilidad mayor. El afiliado puede
reclamar, pero el sistema judicial resulta funcional porque que las
indemnizaciones son de bajo monto”.
Entre las prestaciones actuales que obras sociales y prepagas se niegan
a cubrir están las prótesis mamarias después de haber sufrido cáncer de mama,
la rehabilitación después de un ACV o un accidente de tránsito, los
tratamientos para trastornos poco frecuentes.
Según Marta Artigas, presidente de Atención Comunitaria
Integral al Paciente Oncológico (ACIAPO), “ya hubo personas con cáncer que
murieron porque la obra social se demoró en la entrega de los medicamentos. Si
bien hay tratamientos que no garantizan la curación, hay que tener en cuenta
que alargan la sobrevida, y cada paciente tiene derecho a vivir más tiempo”.
En el campo de los problemas cardiovasculares, que son la
principal causa de muerte, aún hay problemas para acceder a la cobertura de los
stents con liberadores de drogas, que se usan en casos de angina de pecho o en
infartos, según contó a Clarín Oscar Mendiz, jefe del Instituto de Cardiología
y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro. Además, no se cubre con
facilidad la implantación de válvulas aórticas por cateterismo, endoprótesis
para aneurismas de aorta, y ecocardiografía 3 D, entre otras intervenciones
nuevas que tienen sus beneficios demostrados.
Adrián Gadano, presidente de la Asociación Argentina para el
Estudio de las Enfermedades del Hígado, agregó que “en hepatología, la falta de
ingreso al PMO de los nuevos tratamientos para hepatitis C, que ofrecen un
porcentaje de curación superior al 95%, es un gran problema porque la mayoría
de las obras sociales y prepagos no quiere cubrirlos”. Además de reconocer el problema, Lemus
adelantó que “en las próximas semanas, el Gobierno mandará un proyecto de ley
al Congreso para crear una agencia nacional de tecnología en salud, que estará
a cargo de evaluar qué métodos de diagnósticos y tratamientos se cubrirán en
base a la evidencia científica. La judicialización de los casos será
innecesaria”. Aunque también quedará por resolver otra pata de los problemas de
acceso a la atención médica. El sistema público de atención no está aún
comprometido en garantizar el PMO a las personas sin obra social ni prepaga.
Por lo cual, la inequidad en salud predomina.
Fuente: Diario Clarín - Ver más sobre Obras Sociales
