Se probaron distintas medidas para frenar el problema.
Todavía no se encuentra un arma certera.
En los últimos años -desde que empezaron a surtir efecto las
múltiples campañas que encaró la Organización Mundial de la Salud- distintos
países fueron sumando herramientas para luchar contra la epidemia mundial de la
obesidad. Aunque en Argentina se lograron importantes avances en el área, todavía
es una zona de “arenas movedizas” que se encuentra en permanente cambio y no
termina de definir cuáles serán sus bases de ataque.
En materia de nutrición, la provincia de Tucumán fue la
última en incorporar una estrategia novedosa (para el país) que pretende lograr
una población más consciente de las calorías que ingiere.
Recientemente, la Legislatura tucumana aprobó la “Ley del
Valor Calórico”, una medida que obliga a los bares, restaurantes y a todos los
negocios que expenden menúes envasados a incluir en sus cartas o pizarras el
contenido calórico de los platos que ofrecen. Estos datos deberán mantenerse
actualizados y leerse en letra del mismo tamaño que el nombre del plato.
“No solo hace falta contar calorías para luchar contra esta enfermedad, sino que la calidad de esas calorías es fundamental: la propuesta debería estar acompañada de conceptos básicos de educación alimentaria”
El valor calórico deberá figurar en los menúes, en el
envase, en la folletería y en las pizarras de promoción. Quienes incumplan la
norma serían sancionados con una multa y lo recaudado por las infracciones se
destinaría a solventar campañas de alimentación saludable y prevención de los
trastornos alimentarios.
Por su parte, en el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados
aprobó el año pasado el proyecto de ley del valor calórico. Resta que el tema
sea tratado en el Senado para que se convierta en Ley. En Estados Unidos, la
norma que obliga a los locales gastronómicos a publicar las calorías de los
alimentos que ofrecen se aplica desde fines de 2015.
“Este tipo de reglamentaciones o leyes ayuda a luchar contra
el sobrepeso y la obesidad básicamente porque pone en manos del consumidor la
decisión. El comensal ya no puede decir que ignora el contenido calórico de los
alimentos que consume”, señala Ximena Barcia, miembro del Consejo del Colegio
de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, la especialista advierte: “No solo hace falta
contar calorías para luchar contra esta enfermedad, sino que la calidad de esas
calorías es fundamental: la propuesta debería estar acompañada de conceptos
básicos de educación alimentaria brindando al paciente los conocimientos para
que sepa elegir qué tipo de calorías elige consumir”.
Otro proyecto de ley que avanza en la Legislatura, y apunta
en el mismo sentido, busca que también las bebidas alcohólicas informen cuántas
calorías tienen. De aprobarse esta norma, el valor calórico deberá figurar,
inclusive, en la publicidad.
En este sentido, Fiona Sim, presidente de la Sociedad Real
para la Salud Pública (RSPH, por sus siglas en inglés) sostuvo en un artículo
publicado en The British Medical Journal: “Las bebidas alcohólicas deben
incorporar en forma obligatoria y con carácter urgente la cantidad de calorías
que contienen”.
Si bien la cadena de comida rápida McDonals no figura entre
los recomendados de ningún especialista de la salud -o tal vez por eso-, desde
2013 intentó adaptarse, de alguna manera, a los estándares nutricionales del
momento: por un lado, incluyó ensaladas, frutas, jugos naturales y agua como
opciones saludables para acompañar las hamburguesas y, por otro, especificó las
calorías de cada alimento en carteles y detrás del papel de mantel que viene en
la bandeja.
“Me parece que poner en las cartas el valor calórico de los
platos es útil para las personas que conozcan cuáles son sus necesidades
energéticas. Si están interesadas en bajar de peso pueden elegir entre las
opciones que les resulten más apetitosa, la menos calórica”, sostiene la
experta en nutrición Cristina Billinger, coordinadora del área en el Hospital
Italiano, aunque advierte que la norma sería de difícil aplicación: “Dada la
variabilidad calórica -que está dada por la porción de alimento y forma de
preparar el plato- sería necesaria una nutricionista en cada local”.
Billinger plantea que esto resulta más sencillo de
implementar en las grandes cadenas de comida rápida: “Tienen limitada variedad
de opciones y las porciones son exactas (todos los combos tiene los mismos
ingredientes y el mismo gramaje). Esto facilita el dato del valor energético de
sus comidas. Por otro lado, los recursos económicos e industriales de estas
empresas les permiten cumplir con la normativa”.
Otras herramientas
Otra de las herramientas para luchar contra el sobrepeso que
se fueron incorporando en los últimos años tiene que ver con el etiquetado de
los productos: intentan ser más claros para el consumidor y casi todos indican
la cantidad que conforma una porción en gramos o ml y también su equivalencia
en unidades o en una “medida casera”.
Por otro lado, este año el Ministerio de Salud de la Nación
emitió la actualización de las Guías Alimentarias para la Población Argentina y
la iniciativa para disminuir el consumo de sal de la población, (“Menos Sal Más
Vida”).
Además, en 2013 fue promulgada la Ley 26.905 sobre valores
máximos de consumo de sodio, que (de cumplirse) limitaría el agregado de sodio
en la industria.
“Estas acciones, que son muy importantes para la prevención
de la obesidad y enfermedades vinculantes, tienen, en mi opinión, un defecto:
no hay un control sobre el cumplimiento y sus resultados”, dice Billinger.
A su vez, la provincia de Buenos Aires tiene una norma que
recomienda a las cooperadoras escolares “mejorar el perfil nutricional de los
alimentos de los kioscos”, pero en la mayoría de las instituciones no se
cumple. Algunas incluyeron alimentos sanos durante un tiempo pero al no obtener
el resultado esperado, descartaron la medida. Según el ministerio de Salud de
la Nación, apenas uno de cada cuatro ofrecen frutas y verduras.
Por otro lado, la ley 26.396 de Prevención y Control de los
Trastornos Alimentarios obliga a todas las obras sociales y las prepagas a
brindar una cobertura integral a los tratamientos contra los trastornos
alimentarios. Las prepagas no pueden considerar a la obesidad una enfermedad
pre-existente (no pueden negar la afiliación a una persona que la padezca). No
ocurre lo mismo con las obras sociales que todavía se encuentran en proceso de
incluir esta normativa.
Billiger cuenta que, no obstante la ley, las prepagas
presentan sus vericuetos para aceptar un tratamiento quirúrgico de la obesidad
(Bypass Gástrico o Manga Gástrica, entre otros).
“Lo limitan, por ejemplo, creando sus propios grupos de
tratamiento, limitando la elección de equipos a los que ellos refieren (a un
paciente de La Plata lo pueden derivar a Buenos Aires y solo le permiten
operarse con el grupo de ellos). Si bien no le niegan la cirugía, le ponen un
límite que en este caso es el de accesibilidad, ya que en La Plata por lo menos
hay tres o cuatro Equipos de Cirugía Bariátrica”, cuenta la especialista, y
agrega: “Las obras sociales de pocos afiliados, al no poder soportar los costos
de esta cirugía, le dan muchas vueltas al paciente y muchos casos terminan con recursos
de amparo”.
De modo que, si bien la obesidad y el sobrepeso fueron
adquiriendo cada vez mayor relevancia en las políticas públicas, todavía no
existe una estrategia sólida y unificada a nivel nacional para combatir estos
males que afectan a una porción importante de la población.
Fuente: Diario El Día - Ver más sobre Obesidad
