Organizaciones de todo el país que trabajan con personas con
discapacidad en situación de vulnerabilidad reclaman importantes deudas del
programa Incluir Salud (ex Profe). Desde hace unos días, la Agencia Nacional de
Discapacidad comenzó a saldar los pagos.
Con 14 cottolengos y hogares distribuidos en siete
provincias del país, en la Obra Don Orione viven más de 1400 niños y adultos
con distintos tipos de discapacidad. Aproximadamente el 50% de esas personas
son beneficiarias del programa estatal Incluir Salud, que financia las
prestaciones médicas de quienes tienen pensiones asistenciales y no cuentan con
otra cobertura. Sin embargo, desde Don Orione aseguran que desde hace seis
meses no cobran de forma regular: sostienen que Incluir Salud les debe más de 70.000.000
de pesos.
"Hace dos semanas la situación era muy crítica, la
cifra adeudada era el doble. Estamos hablando de personas con discapacidades
severas y muy vulnerables, a las cuales no podemos dejar de darles atención.
Por suerte, en la última semana nos pagaron hasta diciembre", subraya
Beatriz Pérez, coordinadora técnica de la Obra Don Orione.
Referentes de las instituciones que integran el Foro Por la
Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que preside el
sacerdote Pablo Molero y que agrupa a unas 500 organizaciones de la Argentina,
denuncian que el incumplimiento es generalizado. La demora puso en riesgo la
continuidad de las prestaciones en algunas de las instituciones, por la
dificultad para abonar los sueldos de los empleados y las cargas sociales.
El órgano responsable de girar los fondos es la Agencia
Nacional de Discapacidad, que fue creada en septiembre de 2017 y depende de la
Secretaría General de la Presidencia. La vicepresidenta Gabriela Michetti,
quien integra una mesa interministerial para la implementación de estas
políticas, dijo que tiene un "compromiso personal" al
respecto y explica que si bien la agencia se lanzó a fines del año pasado,
recién hace un mes que se encuentra plenamente operativa.
"Los retrasos no tienen que ver con la agencia",
sostiene Michetti, y agrega: "La deuda estaba. Pero desde que se puso a
cargo a Pablo Atchabahian (designado el pasado 26 de abril) por día salen
cientos de millones para saldarlas. A principios de mayo asumimos el compromiso
de regularizar la situación en 60 días. Y así lo estamos haciendo",
señala.
En busca de una solución
Atchabahian, director nacional de Incluir Salud, detalla que
este programa federal "pasó a funcionar formalmente bajo la órbita de la
agencia en marzo, proveniente del Ministerio de Salud de la Nación", pero
que no fue hasta abril que recibieron la dirección administrativa, "junto
a los créditos y los débitos para poder liquidar y pagar las prestaciones de
discapacidad".
"Estamos cumpliendo con el compromiso que tomamos de
cancelar las prestaciones impagas hasta enero de 2018", asegura el
funcionario. "Este mes -promete- continuaremos regularizando la situación
y se pagarán febrero y marzo de 2018. De esta forma, lograremos ponernos al
día". La ley contempla hasta tres meses de demora.
Las organizaciones sociales valoran que las autoridades de
la agencia las hayan recibido en varias oportunidades (el último encuentro fue
hace una semana), y si bien son cautelosas confían en que los pagos se
regularicen en el corto plazo.
"Sabemos que estamos en un momento complicado, pero no
estamos pidiendo más dinero, sino que el Estado se ponga al día con la deuda
que generó. Los recortes en los gastos no pueden ser con los más vulnerables:
ellos no puede esperar", opina Molero. El sacerdote agrega que desde el
nuevo organismo estatal le prometen que "se están moviendo para solucionar
la situación".
Desde las fundaciones advierten que los retrasos no
surgieron de la noche a la mañana. "Entendemos que la situación se
profundizó por temas administrativos, como el paso de Incluir Salud a la
agencia, pero nos preocupa que hayamos llegado a estos extremos porque no se
tiene en cuenta la urgencia que pueden tener nuestros servicios. Muchas de las
personas con discapacidad de estos hogares no tienen familia y quedarían en la
calle", subraya Beatriz Pérez.
Carlos Muñoz, presidente de la Asociación de Institutos
Educativos Privados Especiales Argentinos (Aiepesa), sostiene: "Tenemos
lugares con un 60% o 70% de la población con Incluir Salud donde la atención
puede estar en riesgo si este mes no se resuelve el problema".
Defensores públicos curadores de la ciudad de Buenos Aires,
que representan a personas con discapacidad intelectual o padecimientos
mentales, también vienen realizando reclamos en este sentido (ver aparte).
Denuncian que la Agencia Nacional de Discapacidad y el Ministerio de la Salud
porteño tienen "deudas enormes" con residencias geriátricas y hogares
para personas con discapacidad, lo que provoca que sus defendidos corran el
riesgo de quedar en la calle.
La voz de algunos de los afectados
La Casita, Entre Ríos: "Esto perjudica a chicos muy
vulnerables"
Delia Vinzón integra la Fundación La Casita, creada por un
grupo de padres en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, para brindar
rehabilitación y apoyo a chicos con discapacidades severas. Atienden a 54 niños
y jóvenes con distintas patologías. "Recibimos a los chicos que nadie
quiere. Desde Incluir Salud nos llegaron a deber hasta un año (1.600.000
pesos). Hace una semana empezaron a saldar gran parte de la deuda", resume
Delia. Fueron meses muy difíciles: "Los chicos que tienen esta prestación
vienen de situaciones económicas muy vulnerables. Hay una joven de 16 años que
tiene a su mamá también con una discapacidad y viven solas en una casa que no
tiene ni baño. En La Casita come, se baña, hasta las asistimos con comida. No
podemos abandonarla". Desde la agencia aseguraron que el 30 de mayo se
pagó hasta enero de 2018.
Centro AMAD, Mendoza: "Gestiones hay muchas, hay que
ver si avanzan"
El Centro Educativo Terapéutico AMAD aborda en la ciudad de
Mendoza la problemática de la discapacidad, desde recién nacidos hasta jóvenes
adultos, con un total de 150 pacientes, muchos de ellos con Incluir Salud.
"No hemos usado nunca a los chicos como moneda de cambio, no podemos dejar
de atenderlos. Pero el transporte no los quiere ir a buscar y a los empleados
no pudimos pagarles el sueldo de abril", explica Edgardo Sánchez,
representante legal de la institución. "En diciembre pasado -relata
Sánchez- sacaron dos pagos por junio y julio de 2017; en marzo nos pagaron
septiembre y octubre, pero solo el 80%; luego abonaron noviembre. Nos deben
seis meses, más o menos 3.000.000 de pesos". Si bien recibió nuevos
cronogramas de pago, teme que las promesas no se cumplan: "Gestiones hay
muchas, hay que ver si avanzan".
Defensoras públicas curadoras: "Hay más de 200 casos en
CABA"
Según Soledad Fernández Mele y Adelina Navarro Lahitte,
defensoras públicas curadoras de la Defensoría General de la Nación, existen
más de 200 casos relevados de personas que se ven afectadas por el corte de las
prestaciones de Incluir Salud en la ciudad, por lo que en muchos casos se ve
interrumpida la atención que recibían, como acompañamientos terapéuticos o
servicios de psiquiatría. Por otro lado, aseguran que acceder a dispositivos
comunitarios donde poder trasladar a aquellas personas que habiendo estado
internadas en hospitales o neuropsiquiátricos fueron dadas de alta resulta
imposible. Navarro Lahitte cuenta el caso de uno de sus defendidos, un joven de
18 años con autismo que se encuentra internado en el Hospital Borda y hace un
año que está en condiciones de alta, pero permanece allí porque la cobertura no
aportó aún un lugar adecuado.
Fuente: Diario La Nación - Ver más sobre Salud Pública
