Si un país como la Argentina invirtiera 247 pesos por año
por persona en las necesidades de anticoncepción, embarazo, parto, y aborto
seguro, el número de embarazos no planeados y el número de muertes maternas se
reducirían en más del 73% en tan solo un año.
Así lo calcularon 16 expertos en derechos y salud sexual y
reproductiva de la Comisión conformada por la prestigiosa revista de salud The
Lancet y el Instituto Guttmacher, que se dedica la investigación científica
sobre salud sexual y reproductiva en los Estados Unidos. El informe fue
presentado en un auditorio del Senado de la Argentina, donde el 8 de agosto
próximo se decidirá si se permite la interrupción voluntaria del embarazo de
manera legal.
El reporte fue realizado por expertos de todos las regiones
del mundo, que revisaron estadísticas y trabajos científicos sobre el estado de
situación de los derechos sexuales y reproductivos.
"Entre otras conclusiones de nuestro informe, se puede
resaltar que en países en desarrollo, como la Argentina, donde la tasa de
mortalidad materna es casi tan alta como la de Irak, es clave que se garantice
el acceso a los servicios esenciales. Con una estimación global de tan sólo 247
pesos argentinos -en promedio-, se cubrirían las necesidades de anticoncepción
moderna, la atención de la embarazada antes y durante el parto, la atención del
recién nacido, y el aborto seguro si la mujer decidiera esa opción", dijo
a Infobae Laura Laski, médica sanitarista argentina, ex jefa de la subdivisión
de salud sexual y reproductiva de del Fondo de Población de Naciones Unidos, y
una de las expertas que participó en el informe.
"La mitad de los 247 pesos estimados ya se está
aplicando para cubrir el costo de los niveles actuales de atención y la
inversión adicional generaría enormes beneficios", subrayó a Infobae la
doctora en sociología Susheela Singh, vicepresidente de investigación
internacional del Instituto Guttmacher y una de las coautoras del informe
publicado en inglés en la revista de salud pública The Lancet. Al realizarse
esa inversión por persona, la Comisión estimó que el porcentaje de embarazos no
planeados bajaría en un 64%, los nacimientos no planeados en un 67%, y los
abortos inducidos en el 67% en tan sólo un año.
Todas las medidas sugeridas se enmarcan en una nueva
definición de la salud y los derechos sexuales y reproductivos que la Comisión
presentó a los gobiernos, las agencias de Naciones Unidas, y la sociedad civil,
en base a numerosos acuerdos internacionales y regionales. Afirma que la
"salud sexual y reproductiva es un estado de bienestar físico, emocional,
mental y social en relación con todos los aspectos de la sexualidad y la
reproducción".
No es sólo la ausencia de enfermedad, disfunción o
dolencias. Significa que cada persona tiene que ser respetada por su cuerpo de
manera integral, en su privacidad y en su autonomía personal; que puede decidir
libremente su orientación sexual y la identidad y expresión de género. Además,
reconoce que cada persona puede decidir si ser sexualmente activa y cuándo
serlo. Que puede elegir a sus parejas sexuales, tener experiencias sexuales
seguras y placenteras. Que puede decidir casarse o no, cuándo hacerlo y con
quién. Que puede decidir si quiere tener hijos, cuándo y de qué manera tener
uno o más hijos. Además, cada persona tiene derecho a tener acceso a lo largo de
sus vidas a la información, los recursos, los servicios, y el apoyo necesario
para lograr sus decisiones, libre de discriminación, coerción, explotación y
violencia.
Los expertos de la Comisión Guttmacher-Lancet recomendaron
la adopción de manera progresiva de un paquete esencial de medidas para que el
respeto por los derechos sexuales y reproductivos sea una realidad, con
prioridad en las poblaciones vulnerables y marginadas. El paquete incluye
brindar educación integral en sexualidad, consejería sobre el uso de los
anticonceptivos modernos, atención antes, durante y después del parto, servicio
de aborto seguro y tratamiento de las complicaciones del aborto inseguro, y
prevención y tratamientos del cáncer de cuello uterino, las infecciones del VIH
y otras enfermedades de transmisión sexual.
También recomendaron brindar información y servicios sobre
subfertilidad e infertilidad para personas que los necesiten, y consejería y
servicios relacionados con la salud y el bienestar sexual. Para llevar a cabo
esos cambios, la Comisión recomienda acciones de alta prioridad para los que
están a cargo de formular políticas públicas como "apoyar cambios en las
leyes, y en las normas sociales y estructuras que permitan a todas las personas
comprender, proteger y alcanzar la salud y los derechos sexuales y reproductivos",
asegurar fondos, y dar "acceso a servicios de aborto seguro y liberalizar
las leyes de aborto donde sea necesario".
Además, la doctora Singh comentó a Infobae: "En América
Latina y en todo el mundo, debemos reconocer que las necesidades de la salud y
los derechos sexuales y reproductivos son universales. Hay pruebas que
demuestran que el acceso a servicios de la salud sexual y reproductiva mejora
la salud y la calidad de vida, promueve igualdad de género, fomenta
productividad y aumenta los ingresos familiares. También se ven beneficios a
través de varias generaciones gracias a los avances en la salud y el bienestar
de los niños. Elegimos Argentina para presentar nuestro informe a nivel
regional porque las recomendaciones del informe de la Comisión parecen
particularmente relevantes en este momento. El proyecto de ley para legalizar
el aborto hasta las 14 semanas de gestación que se aprobó en la Cámara de
Diputados del Congreso de la Nación en Argentina en junio pasado podría ayudar
a lograr que esa visión se haga realidad en el país, donde el aborto
clandestino es una de las causas principales de muerte materna".
Con respecto a qué demuestra la evidencia científica sobre
el aborto, la doctora Singh señaló que "los datos globales más recientes
confirman la tasa de aborto promedio en lugares donde el aborto está prohibido
por completo o solo se permite para salvar la vida de la mujer es de 37 abortos
por cada 1,000 mujeres en edad reproductiva. En cambio, en los países donde el
aborto seguro es legal, la tasa es de 34 por 1.000. Es decir, no es cierto que
reconocer el derecho al aborto legal haga que más personas reclamen más
abortos". Agregó que las tasas más bajas de aborto en el mundo se
encuentran en América del Norte y Oceanía, donde la mayoría de los países
tienen leyes liberales de aborto. Y las tasas más altas de aborto en el mundo
se encuentran en América Latina y el Caribe, donde más del 97% de las mujeres
en edad reproductiva vive en países con leyes restrictivas de aborto.
Un tema del informe es el llamado a que los hombres sean
involucrados más para que apoyen la salud, los derechos y la autonomía de las
mujeres. También se aconseja prestar atención a las necesidades de salud sexual
y reproductiva de los hombres. "Hay que generar un cambio cultural para
que los hombres apoyen la autonomía de las mujeres y sus decisiones. Ese es un
cambio que se necesita en cada país del mundo. Los países escandinavos tienen
buenas experiencias sobre el tema pero hay mucho para hacer todavía en esos
países también. Se trata de un largo camino que recién empieza", resaltó
la doctora Laski.
"Los datos difundidos por el reporte de la Comisión
Guttmacher y Revista Lancet – dijo a Infobae la doctora en filosofía Diana
Maffía, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, quien no participó en el informe
difundido- son importantes si queremos tomar decisiones legislativas y de
política pública basadas en evidencia y no en presunciones o dogmas. Así
debería ser toda decisión racional que permite que todos los sujetos participen
en el debate compartiendo sus datos, y no que un poder se imponga sobre otro.
Es una prueba más de que invertir en salud es más barato y asegura mejor
calidad de vida que invertir en enfermedad, especialmente cuando esos daños a
la salud están producidos por omisión, como es el caso de los derechos sexuales
y reproductivos de las mujeres, y sobre todo el aborto -incluso el no punible,
del que tenemos ejemplos terribles incluso en niñas y personas con
discapacidad- que no reciben el tratamiento adecuado al que está obligado
cualquier institución de salud, ya sea pública o privada".
Fuente: Diario Infobae - Ver más sobre Salud Sexual y Reproductiva
