El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer,
fecha en la que se alude a la lucha constante de las mujeres por la igualdad de
género y el pleno goce de sus derechos. Uno de los sucesos de la historia de
las mujeres que se mencionan en esta fecha fue la huelga de trabajadoras de una
fábrica textil en Nueva York, en marzo de 1908, mediante la cual visibilizaron
sus precarias condiciones laborales, a la vez de reclamar igualdad salarial con
los hombres y una disminución de la jornada laboral. Fueron reprimidas con
bombas incendiarias y, como consecuencia de ello, murieron calcinadas más de
140 trabajadoras.
Pero más allá de detallar y conmemorar hechos o sucesos de
la historia de lucha de las mujeres, resulta necesario reflexionar sobre lo que
todavía persiste en nuestra sociedad, donde las mujeres padecen desigualdad de
derechos, oportunidades y trato respecto de los varones y, lo que es más grave,
continúan siendo víctimas de distintos tipos de violencias.
En la Argentina, durante el año 2018 se produjeron 281
femicidios. La cifra surge del propio Observatorio de Femicidios del Defensor
del Pueblo de la Nación desde el 15 de noviembre de año 2016. Los datos
recogidos muestran y visibilizan un mapa de la violencia en nuestro país y,
consecuentemente, nos obliga a intervenir para que el Estado elabore e
implemente políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar este tipo de
violencia; como por ejemplo garantizando el acceso a la debida información, al
servicio y patrocinio jurídico gratuito, al botón antipánico y en la educación,
para provocar cambios culturales.
Pero hay otras violencias que también reclaman nuestra
atención y nuestro trabajo: la violencia obstétrica, que impide que las mujeres
tengan un parto respetado; la violencia contra la libertad reproductiva, que
vulnera el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida sexual y
reproductiva; la violencia simbólica, por la cual se le adjudica a las mujeres
determinados roles a cumplir; o la violencia laboral, que obstaculiza el acceso
al empleo, al ascenso o a la misma remuneración por igual tarea.
El desafío es procurar una sociedad más justa, es intentar
desenmarañar una estructura patriarcal que sólo fomenta la desigualdad y la
discriminación. La Defensoría nacional asumió ese compromiso y, conforme su
competencia y marco normativo, interviene ante el Estado para que la realidad
de las mujeres cambie y mejore día a día.
Fuente: Defensor del Pueblo de la Nación
