Oscar Cabrera, analista internacional en derecho y en salud pública, asegura que los países de la región están más ocupados en abrir hospitales que
en frenar el avance del tabaquismo y de la obesidad.
Oscar Cabrera es contundente en afirmar que las enfermedades
crónicas no transmisibles son una bomba de tiempo. El tabaquismo, la obesidad y
el consumo de alcohol se traducirán en un aumento de muertes tempranas y, a la
larga, en un incremento en los costos de salud.
Sin embargo, para este investigador del Instituto O’Neill de
la Universidad de Derecho de Georgetown, Estados Unidos, “nuestros políticos
están más preocupados en abrir hospitales y sacarse una foto” que en atender
problemáticas cuyo impacto se verá a mediano y largo plazo.
Invitado por la Fundación para el Desarrollo de Políticas
Sustentables (Fundeps), Cabrera trabajó con organizaciones cordobesas en la
articulación del derecho y de la salud pública.
El diálogo con La Voz, subrayó que la Justicia debe
intervenir cuando ciertos derechos, como la interrupción voluntaria del
embarazo, se ven vulnerados por determinados grupos de poder.
–¿Cuál es el riesgo de judicializar la salud?
–Por lo general, se piensa que los litigios en salud se
limitan a casos puntuales en los que algunas personas no pueden acceder a
determinados medicamentos. Acá se discute sobre la independencia de poderes. Hasta
qué punto el poder judicial entiende los costos de las decisiones que toma y el
impacto que pueda tener en una obra social. Pero existe otra dimensión más
amplia en la que la Justicia interviene para garantizar políticas públicas. Ya
sea porque no se garantizan derechos o porque determinados grupos de poder
intentan poner barreras.
–¿Cuáles deben ser las prioridades en salud?
–Hoy existe un movimiento, motivado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), para tratar de establecer una cobertura universal.
No se trata de decir a los países lo que tienen que hacer, sino de establecer
reglas claras sobre qué debe cubrir el Estado y las obras sociales y cuáles
serán las excepciones. Tampoco se puede cubrir todo al infinito. A veces,
nuestros políticos se enfocan en reducir enfermedades para bajar los costos en
salud, pero se olvidan de detener el impacto de las crónicas no transmisibles.
–¿Cuál es el riesgo?
–Si no hacemos nada con el consumo de alcohol, el tabaco y
la alimentación no saludable, la incidencia de enfermedades crónicas seguirá
aumentando. Habrá más cáncer, infartos y muertes tempranas por conductas que
pueden ser modificables. Algunos las llaman “factores comerciales de riesgo”,
porque son empujados por empresas que tienen intereses particulares.
–¿Por qué cree que cuesta que la prevención sea prioridad?
–Porque estas medidas tienen resultados a mediano y largo
plazo. Un político no quiere hacer un trabajo para que el próximo que venga se
lleve los beneficios. Ellos están más ocupados en lograr ventajas de alto
impacto, como abrir hospitales, que cambiar normas sociales con resultados que
se verán en el tiempo.
–Argentina avanzó en el control del tabaco. ¿Qué falta?
–Las leyes nacionales y provinciales no siempre
representaron costos para el Estado. Sí se avanzó en fiscalizar lugares libres
de humo o en dotar de ciertas infraestructuras, pero estas políticas no
representaron un costo significativo. Más bien tuvieron ganancias a través de
los impuestos. Los países que implementaron normas completas de control de
tabaco vieron los resultados muchos años después. Tomó tiempo reducir el cáncer
o el infarto. Pero en los países de la región, el juego político pasa por la
inmediatez.
–Córdoba tuvo problemas con Tucumán cuando intentó regular
el consumo de azúcar.
–Lo que ocurre con las enfermedades crónicas es que hay
intereses económicos muy fuertes que terminan limitando el accionar el Estado.
Cuando Estados Unidos intentó regular la publicidad de comida chatarra dirigida
hacia los niños, hubo intereses tan grandes que ni siquiera se aprobaron
normativas de carácter voluntario. Lo mismo pasa con la industria del tabaco y
del alcohol, que pueden llegar a afectar el desarrollo de una política pública.
–Las provincias deben decidir si adhieren a las normas
nacionales ¿Cree que esto termina limitando?
–El federalismo no debiera ser una limitación, pero se
termina articulando de esa manera. Muchos grupos conservadores o sectores
económicos usaron ese argumento para tratar de generar confusión. Para retrasar
la implementación de normas y crear inseguridad. Pero el federalismo debiera
ser lo contrario. La Nación fija un piso mínimo, un estándar de derecho y cada
provincia, si verdaderamente lo quiere, puede avanzar a partir de allí.
–¿Qué diagnóstico hace sobre el aborto en Córdoba?
–Ese es un ejemplo de cómo se usan subestructuras legales
para afectar derechos de personas en situación de vulnerabilidad. En Argentina,
con el fallo F.A.L., la Corte Suprema de Justicia estableció un piso mínimo e
incorporó estándares de derecho internacional. Pero hay grupos que, con
discusiones muy técnicas sobre lo legal, terminan afectando el goce efectivo de
derechos, como pasó en Tucumán con una niña de 11 años.
–¿Cree que faltó voluntad política?
–No conozco en detalle la realidad de Córdoba, pero creo
que, si verdaderamente hubiera voluntad política de garantizar derechos
fundamentales, ya lo habría hecho.
Fuente: Diario La Voz - Ver más sobre Salud Pública
