El Gobierno argentino y organizaciones de la sociedad civil
se comprometieron ante la cumbre internacional a trabajar para cumplir una
veintena de puntos.
Eliminar barreras del Poder Judicial para el acceso a la
justicia, garantizar derechos vinculados a salud, reproductivos, de educación
sexual integral y de las personas LGBTTTIQ+, son algunas de las 20 metas que la
Argentina se comprometió a cumplir ante la Conferencia Internacional de
Población y Desarrollo (ICPD25) que comenzó hoy en Nairobi.
Representantes de más de 160 países revisarán desde hoy y
hasta el jueves el trabajo de la histórica ICPD de 1994 en El Cairo, donde se
firmó un programa de acción que marcó hitos como considerar la salud sexual y
reproductiva un derecho humano y trató temas como la mortalidad materna o la
violencia y prácticas dañinas contra las mujeres.
"El país participa con una comitiva del sector civil y
público junto a un documento consensuado, que habla de la importancia de los
derechos de la población y el desarrollo en la agenda local", dijo a
través de Twitter Gabriela Agosto, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales de Presidencia.
Agosto presentará los compromisos en la cumbre junto a
Camila Fernández, una joven trans argentina de la organización "Ella
decide" (She Decides, sus siglas en inglés)."Estamos contentos de
estar acompañados de organizaciones que luchan día a día porque los derechos
sean una realidad permanente", señaló.
Un comunicado publicado en la web del Fondo de Población de
Naciones Unidas (UNPFA) indicó que la Argentina se comprometió a trabajar en la
"eliminación de todas las barreras en el acceso a la justicia y el
cumplimiento y garantía de derechos, en especial los vinculados a salud,
sexuales, reproductivos y educación sexual integral, por parte del poder
judicial".
Otro compromiso local es el de "definir o explorar
nuevas estructuras e instrumentos financieros para la agenda y los tres
ceros" (cero necesidades insatisfechas de anticoncepción, cero muertes
maternas prevenibles y cero violencia de género y prácticas nocivas, como el
matrimonio infantil y la mutilación genital femenina) en particular".
A su vez, se remarca la idea de "incorporar
intervenciones interseccionales e integrales sobre salud, salud mental,
derechos sexuales y reproductivos en los programas, políticas y estrategias en
el marco de la cobertura universal en salud y la educación sexual integral
(ESI) y la interrupción legal del embarazo (ILE)."
Y también "renovar el compromiso para terminar con las
uniones tempranas forzadas y el matrimonio infantil", como "promover
el ejercicio de la Ley Nacional 25.929 de Parto Humanizado para personas
gestantes, recién nacidos y familia".
Cabe recordar que el Defensor del Pueblo de la Nación, en su carácter de Institución Nacional de Derechos Humanos, a través del área de Salud a cargo de la Dra. Mónica Teresita del Cerro, presentó en el año 2017 (Resolución Nº 00064/17) una serie de consideraciones vinculadas con el estado de los derechos sexuales y reproductivos, su ejercicio y capacidad de acceso de la población, ante el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, de la CEPAL y del PNUD.
Se trata de una investigación que se ocupa de los derechos sexuales y
reproductivos y que se inscribe dentro del Programa de Seguimiento y Evaluación de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible-Agenda 2030, promovido por la ONU. En
este sentido, el área de Salud trabaja en el marco del Programa de Salud y Derechos Humanos en el que se analizan transversalmente los temas vinculados
con la Salud en Argentina.
Fuente: Télam / Defensor del Pueblo de la Nación - Ver más sobre Salud Sexual y Reproductiva
