Los primeros pasos del nuevo Gobierno - en el campo de la
Salud Pública- están más determinados por el panorama macroeconómico que por
factores sanitarios específicos. Por eso es oportuno hacer algunas
consideraciones sobre el cambio de protagonistas, con el fin de despejar qué
fenómenos son de índole sanitaria, y cuáles dependen del escenario económico en
que ocurren los cambios políticos.
En materia de salud, es necesario no distraerse con
opiniones superficiales, sin cuestionar la actual estructura de inequidad,
fragmentación y escasa capacidad operativa para conducir el Sistema de Salud.
Más allá de lo asignado a la cartera de Salud, debe
señalarse que el gobierno anterior dio prioridad a obras de infraestructura,
para mejorar el bienestar de los sectores vulnerables. Redes de agua potable,
cloacas y disposición de excretas, redes de gas natural, asfaltado y metrobuses
en las avenidas de acceso a la Capital; cambios que implicaron mejoras en la
calidad de vida de la población, seguramente más significativos que el
potencial incremento de los recursos de atención médica.
Sería erróneo suponer que una mejora implica agregar nuevos
fondos para sostener el sistema: Argentina gasta casi un 10% del PBI en salud,
con resultados inferiores a otros países que gastan menos con mejores
resultados estadísticos (Chile, Uruguay, Costa Rica). Sin embargo, la Ley de
Emergencia recientemente requerida por el Gobierno nacional, incluyó la
“emergencia sanitaria” como uno de sus alcances. Fuera de los casos de
sarampión debidos a múltiples causas (no a la falta de vacunas), no se han
producido colapsos en la amplia red de servicios asistenciales dependientes de
las provincias.
Es probable, en cambio, que la emergencia sea aprovechada
por las organizaciones aseguradoras (obras sociales, prepagos), para postergar
pagos a sus prestadores.
Cabe mencionar que en 2002 el mismo Ministro de Salud logró
atraer hacia Salud partidas del BM y el BID que estaban asignadas a otras
carteras, en el marco de aquella “emergencia sanitaria”. Pero esa era
verdadera: mediante el shock de la “pesificación asimétrica”, el Gobierno había
confiscado casi ¾ partes de los ingresos de la población, con lo que los
habitantes bajo línea de pobreza se duplicaron a más del 50% en dos meses.
En virtud de esa situación, Salud logró que se reasignaran
fondos de otras áreas y nuevos préstamos externos por casi US$ 900 millones.
Ahora se apela a argumentos de emergencia equivalentes, como sanitaria o
alimentaria, para insinuar mayor dramatismo.
¿Puede suponerse que el país cayó bruscamente en carencias
alimentarias, cuando en realidad la información muestra una alarmante tendencia
al sobrepeso, en especial en niños y adolescentes? Estudios recientes sobre
conducta alimentaria, evidencian un marcado sobreconsumo de comida chatarra, y
por el contrario, déficit de frutas, verduras, cereales integrales y lácteos.
Para paliar la supuesta carencia de nutrientes se propuso
una tarjeta alimentaria, que subsidie el acceso a alimentos básicos. Es
oportuno recordar que en 1951 Ramón Carrillo promovió un instrumento similar,
la estampilla alimentaria, que inducía a consumir alimentos protectores (de
alto valor nutritivo).
Una reciente discrepancia estadística entre el Observatorio
de Deuda Social de la UCA y el INDEC, mostró que entidades académicas serias
pueden recibir presiones por las que cometen errores. Es sabido —y los expertos
en pobreza no lo ignoran— que la medición por el peso de la canasta alimentaria
en el ingreso de los hogares (líneas de pobreza e indigencia), se incrementa en
condiciones de inflación y volatilidad cambiaria.
Este método es mucho más inestable que el de pobreza
estructural, medida mediante datos socio-ambientales y educativos precarios,
falta de servicios básicos y sanitarios. ¿En virtud de qué datos se supuso que
en la segunda mitad de 2019 la pobreza pasó de 32 a 40%?
Nuevamente las políticas públicas emiten mensajes de impacto
publicitario precedidos por el término “emergencia”, en vez de encarar los
problemas de fondo de la organización sanitaria que causan sus deficiencias.
¿Por qué no empezar a hablar de las siguientes emergencias de esa organización?
Pese a que la recaudación de las obras sociales está
unificada, los sindicatos pueden manejar los fondos con escaso contralor y
derivar a la medicina prepaga la atención de sus afiliados de mayores ingresos.
El 60% de los servicios cubiertos por obras sociales y
prepagos son del ámbito privado y no rinden estadísticas al Ministerio de Salud
nacional. Lo mismo ocurre con las obras sociales de los empleados públicos de
las provincias. Los servicios públicos (hospitales y centros de salud) no
tienen personería jurídica, cobran parcialmente sus prestaciones a obras
sociales y prepagos, y no proyectan sus presupuestos ni su personal. Para
financiar los crecientes tratamientos de alto costo no existe un reaseguro universal
de gastos “catastróficos”, por lo que los conflictos se ventilan a menudo en
medios masivos o ante la Justicia.
Fuente: Diario Clarín (por Hugo E. Arce: médico sanitarista, miembro del Grupo PAIS) - Ver más sobre Salud Pública
