Existe prueba documental que acredita el proceso de la
NOM-051 como uno de los más democráticos y participativos. La industria de alimentos y bebidas alcohólicas venía acostumbrada a que sus intereses prevalecieran, a que la autoridad defendiera sus intereses, no la salud.
El grupo de trabajo para
la modificación de la NOM-051 sobre etiquetado de alimentos y bebidas inició
sus trabajos desde el 14 de agosto de 2019 con la participación de todos los
sectores y, en especial, con una amplia representación de la industria que
nunca fue limitada. Los registros de asistencia harán notar que más del 60% de
los asistentes fueron miembros de este sector.
Se lograron consensuar más del 98% de los numerales entre
todos los sectores. Queda constancia de este consenso en las actas firmadas al
final de cada una de las sesiones. Las protestas presentadas por los dirigentes
de las asociaciones empresariales de que no eran escuchados en el grupo de
trabajo y que se expusieron al director general de Normas de la Secretaría de
Economía quien llevó estos trabajos fue desmentida por los propios
representantes del sector empresarial en el grupo de trabajo.
Una abundante evidencia científica para soportar los
diversos aspectos de la modificación de la norma fue entregada en cada una de
las sesiones por parte de la academia y, de inmediato, compartida a todos los
miembros del grupo de trabajo.
Por su parte, la industria entregó otra evidencia, que en
algunos casos, se demostró eran investigaciones financiadas por empresas. Se
podrá tener acceso a esta evidencia una vez publicada la norma.
El proceso de modificación de la NOM-051 fue cuidadosamente
llevado, de forma que todos los asistentes pudieran participar.
En este proceso coincidieron en la propuesta de modificación
las instituciones gubernamentales, los institutos de salud, la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN),
los organismos de Naciones Unidas (OPS y Unicef) y las asociaciones civiles
libres de conflicto de interés.
El proceso de modificación de la norma contrasta
profundamente con el proceso que se llevó en el pasado con el etiquetado
frontal que existe actualmente, conocido como GDA (Guía Diaria de
Alimentación). El GDA que se estableció de manera obligatoria en 2014, lo
comenzó a utilizar la industria de alimentos y bebidas en 2010 – 2011 de forma
voluntaria. Para su establecimiento de manera obligatoria no se realizaron
grupos de trabajo, tampoco se realizó una consulta pública. Se estableció el
GDA a pesar de denuncias en su contra y posturas críticas de organismos
internacionales y de instituto nacionales de salud.
“La industria de alimentos y bebidas se acostumbró a tener
la complicidad de las autoridades de Economía, Salud y Cofepris para establecer
su propio etiquetado frontal como obligatorio sin grupos de trabajo, para
establecer una regulación de la publicidad dirigida a la infancia, que resulto
en una simulación ―no contempla los programas y horarios de mayor audiencia
infantil―, y para que no se implementara una verdadera regulación para
alimentos y bebidas en escuelas. La oposición a este nuevo etiquetado era
previsible, como lo han hecho en el pasado en otras naciones y en nuestro
propio país”, declaró Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor
—organización integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria.
La postura de la industria contra las regulaciones que
afectan sus intereses se evidenció en México desde 2009 – 2010 cuando
públicamente se opuso a la regulación de alimentos y bebidas en las escuelas,
habiendo estudios que demostraban que la ingesta de calorías al interior de los
planteles escolares era un factor en el desarrollo del sobrepeso y la obesidad entre
los niños.
La industria envío sus comentarios a la entonces Comisión
Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) señalando, como lo hicieron diversas
asociaciones empresariales y empresas, que se trataba de una medida
anticonstitucional. Fue entonces, que modificando los criterios originales de
la regulación, entró la microchatarra a las escuelas, con la complicidad de la
Cofemer.
“La crítica al nuevo etiquetado de advertencia por parte del
sector empresarial es similar a la que desarrollo en Chile y en Perú. Es una
historia ya muy bien conocida”, señaló Ana Larrañaga, coordinadora de la
coalición ContraPESO —también organización integrante de la Alianza por la
Salud Alimentaria—. “En todos los países en los que esta medida ha sido
impulsada, los gobiernos y organizaciones se han enfrentado a una industria que
desconoce por completo la evidencia científica y busca imponer a toda costa sus
intereses privados por encima de la salud poblacional. México sí escuchó a
todos los sectores, pero se tuvo claro que la prioridad debería ser beneficiar
a los consumidores”, concluyó.
Fuente: Alianza por la Salud Alimentaria