El Gobierno aumentará los desembolsos y reintegrará también
el costo de la atención domiciliaria de pacientes.
El Gobierno desembolsó más de 1.100 millones de pesos a
favor de las obras sociales sindicales para compensarles el costo de la
atención de pacientes con coronavirus mientras prepara una ampliación de los
fondos para destinarles con este objetivo. Lo erogado hasta ahora cubre los
tratamientos brindados a pacientes que requirieron internación en centros
hospitalarios en tanto que en los próximos días se establecerá un nuevo
reintegro que contemplará el valor de la atención domiciliaria para enfermos
leves. La distribución de esos recursos suavizó la rispidez que existía entre
la CGT y el ministro de Salud, Ginés González García, por el manejo de la
crisis sanitaria.
Los montos girados hasta ahora corresponden a partidas que
la Superintendencia de Servicios de Salud distribuyó sobre la base de tres
herramientas denominadas “módulos Covid-19”: uno de ellos, de “Aislamiento y
Diagnóstico”, les reintegra a las obras sociales hasta 10 mil pesos diarios por
un máximo de siete días para las internaciones más leves; el de “Unidad de
Cuidados Críticos sin Asistencia Respiratoria Mecánica”, que devuelve hasta
$19.700 por hasta 14 días, y el de mayor gravedad, para casos que requieren
respirador artificial, que para el mismo tope de días repaga hasta 23.640 pesos
por jornada.
La creación de los módulos quedó establecida en la
resolución 326/20 de la SSS, de abril pasado, que incorporó estos ítems al
Sistema Único de Reintegros (SUR) que les devuelve a las prestadoras de salud
de los gremios el valor de los tratamientos y medicamentos de más alto costo.
Para financiar el gasto el Gobierno apeló al decreto de necesidad y urgencia
(DNU) 908/16, de Mauricio Macri, que creó un “Fondo de Emergencia y Asistencia”
para las obras sociales sindicales como parte de un plan mayor que contemplaba
la devolución total de los recursos que el Estado les adeudaba desde los
tiempos de Cristina de Kirchner.
En la SSS reconocieron que los 1.100 millones de pesos son
apenas el primer desembolso de una inyección de recursos que se incrementará de
manera exponencial en los próximos días como consecuencia de la detección de
nuevos casos de coronavirus por parte de las obras sociales, por un lado, y
sobre todo por la creación de un cuarto “módulo extrahospitalario” que les
reconocerá a las entidades el valor gastado en la atención domiciliaria de sus
afiliados contagiados. Ese nuevo instrumento devolverá hasta 3 mil pesos
diarios con un tope de cinco días.
El flujo de los “módulos Covid-19” terminó por reemplazar
una promesa incumplida del ministro de Salud, Ginés González García, a la “mesa
chica” de la CGT: el funcionario les había dicho a los dirigentes que
impulsaría la firma de un DNU para que el Tesoro nacional compensara cada mes
la caída de aportes ingresados al sistema de obra sociales a partir de la
información verificada por la AFIP. Esa caída, que fue menor a la esperada,
tuvo que ver con la reducción salarial de una vasta porción de trabajadores
como consecuencia de las suspensiones masivas y la pérdida de puestos de
trabajo durante la pandemia.
Entre enero y agosto el sistema de obras sociales reportó un
déficit entre ingresos y egresos de fondos por 7 mil millones de pesos. La
cuenta surge de la diferencia entre los más de 47 mil millones de pesos
acumulados en el período en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR, el
instrumento financiero constituido con una parte de los aportes fiscales de las
obras sociales) y gastos por casi 55 mil millones de pesos. La “mesa chica” de
la CGT almorzó la semana pasada con Alberto Fernández con esta problemática
como tema casi excluyente.
Los dirigentes le explicaron al mandatario que si bien la
situación no es de quebranto inminente de las obras sociales (hay compensaciones
propias del sistema como los intereses que generan bonos que Macri les dio a
las entidades en 2016 o los ingresos de un juicio que el Estado le ganó a la
prepaga OSDE) existe un progresivo vaciamiento del FSR que pone en riesgo todo
el sistema. El mandatario se comprometió a estudiar propuestas de la central
obrera para blindar financieramente sus prestadoras.
Entre otros mecanismos, como adelantó este diario, hubo
coincidencias en avanzar hacia un “pool de compras” de medicamentos coordinado
entre todas las obras sociales o incluso en la centralización de adquisiciones
de remedios por parte del Estado, en una redefinición del Programa Médico
Obligatorio (PMO), y la posible constitución de la demorada Agencia de
Evaluación de Tecnologías Médicas (barrera frente a los juicios contra
entidades sindicales y prepagas). Otra propuesta, que implicaba subir en un
punto los aportes a las obras sociales de empleadores (de 6 a 7 por ciento) y
de trabajadores (de 3 a 4%) perdió fuerza en los últimos días por las reacciones
negativas una vez que González García la blanqueó en una teleconferencia.
Fuente: Ámbito - Ver más sobre Obras Sociales
