Los datos indican que el acceso al aborto es difícil incluso
en el supuesto legal de violación.
Seis años después de que México DF aprobase la primera (y,
por ahora, única) ley de plazos, el estado de Morelos ha reabierto el debate
sobre el aborto en este país. El secretario de Gobierno, Jorge Messeguer,
declaró hace unos días que "no se va a criminalizar a ninguna mujer que
por razones diversas haya sufrido un aborto". "No se las mandará a la
cárcel y se va a propiciar que se respete el derecho a decidir sobre su cuerpo
y sus ideas", añadió Messeguer, quien hizo estas declaraciones durante su
intervención en el III Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos
Reproductivos. De cumplirse, Morelos se convertiría en el segundo Estado
mexicano que permite la interrupción legal del embarazo sin tener que aducir
una causa. Un paso más en materia de derechos reproductivos y sexuales en un
país que sufre elevadas tasas de mortalidad materna y dificultades en el acceso
a métodos anticonceptivos.
"La propuesta de legalizar la interrupción del embarazo
fue una promesa del actual gobernador durante la campaña", explica Andrea
Acevedo, coordinadora de la red por los derechos sexuales y reproductivos en
Morelos. Graco Ramírez, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática
-la misma formación que Gobernaba el DF cuando se aprobó allí la ILE- acaba de
cumplir su primer año al frente del Ejecutivo de Morelos.
"Es una postura digna de un grupo progresista, sin
embargo, las posibilidades, por ahora, no son claras porque no depende solo del
Gobierno, sino también del Congreso estatal. Para reformar el código penal se
necesita mayoría calificada, y el PRD y la izquierda no llegan". Acevedo
explica que el bloqueo en la Asamblea respecto a este tema está abanderado por
tres diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el mismo que
gobierna en toda la República.
Sin embargo, contrariamente a lo que ha sido la postura del
partido de la derecha en México, el PAN, la negativa del PRI en materia de
aborto no es unánime ni está tan clara. El propio presidente, Enrique Peña
Nieto, cuando todavía era candidato a las elecciones de 2012 dejó clara su
posición al respecto: "Yo estoy favor de la vida. Pero eso sí, también
estoy en contra de que se criminalice a las mujeres solo por decidir
interrumpir sus embarazos". De hecho, fue Rosario Robles, la actual
secretaria (ministra) de Desarrollo Social, quien en su etapa como jefa
interina del Gobierno del Distrito Federal, entre 1999 y 2000, impulsó
políticas que incorporaron nuevos supuestos de despenalización en la capital.
"Las reformas del 2000 promovieron el debate en la
asamblea legislativa y pusieron las bases para que se diera una reforma
gradualista", reconoce la jurista Alma Beltrán y Puga, del Grupo de
Información en Reproducción Elegida, una organización civil que promueve el
derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.
Cada año se practican en México más de un millón de abortos.
De ellos, solo son seguros uno de cada 60, que son los que se realizan en el
Distrito Federal. La capital es la única zona del país que cuenta con una ley
de plazos, que permite a la mujer abortar libremente hasta la semana doce de
gestación. Una medida que se aprobó en 2007, tras varias décadas de lucha por
parte de los movimientos feministas. Hasta la fecha, el modelo de la Ciudad de
México no ha servido de referente para otros estados. Muy al contrario, hasta
16 códigos penales han sido reformulados en el sentido contrario, para aumentar
las restricciones que permiten el acceso al aborto legal.
La propuesta para la despenalización del aborto en la Ciudad
de México fue presentada en noviembre de 2006 por el PRI y Alianza en la
Asamblea Legislativa local, pero el PRD se posicionó enseguida como principal
defensor del cambio normativo, que fue aprobado en abril de 2007. La iniciativa
provocó una fuerte oposición. La Procuraduría (Fiscalía) General de la
República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpusieron
acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, que los
rechazó un año después, reconociendo en su sentencia "la facultad de la
legislatura local" de promulgar leyes sobre este tema. Las manifestaciones
contrarias a la reforma llegaron también de los grupos provida y de la
jerarquía eclesiástica, que aún hoy mantienen su rechazo frontal a esta
normativa.
El arzobispo primado de México, Norberto Rivera, aseguró
hace unos meses que los abortos y los matrimonios homosexuales dañan a la sociedad
mexicana. Y los grupos provida siguen protestando en cada aniversario de la
aprobación de la norma del DF. En su día, Jorge Serrano Limón, líder del Comité
Nacional Pro-Vida, hizo un llamamiento a la "desobediencia civil"
para frenar la despenalización. El grupo presionó con bloqueos a clínicas y
protestas contra políticos. "Esta ley es perversa, no tiene sentido. Es un
ataque sin precedentes al ser humano en el vientre materno", declaró
entonces a los medios. La organización considera el aborto como "un acto
de violencia contra la propia mujer, que se causa a sí misma graves daños por
estas prácticas".
Un argumento rebatido por las estadísticas, que
sistemáticamente confirman que el mayor riesgo proviene de los abortos
inseguros. La doctora Raffaela Schiavon, directora de Ipas México, una
organización que trata de evitar las muertes por aborto inseguro, explica las
conclusiones de un estudio realizado por esta entidad. Los abortos clandestinos
e inseguros constituyen el 11% de las muertes maternas en México. Según los
grupos que defienden la despenalización, cada año se producen unas 100 muertes
por intervenciones realizadas en condiciones clandestinas. "Existe una
relación inversa entre riesgo de morir por aborto y tasa de hospitalización por
aborto. Donde se hospitalizan más mujeres, menos riesgo hay de morir, lo que
significa que allí donde hay barreras para acceder a los servicios de salud,
las mujeres corren mayor peligro". Schiavon explica que desde la
aprobación de la interrupción legal del embarazo en el DF se han producido unos
100.000 abortos sin que se registre ningún fallecimiento. "Esto significa
que el aborto legal es una práctica muy segura", defiende.
“Cero por ciento de muertes por abortos clandestinos en el
D.F.” fue el dato reseñado por las autoridades del Distrito Federal el pasado
mes de abril, cuando se cumplieron seis años del cambio legislativo. En el
resto del país, suspender voluntariamente el embarazo y hacerlo en las mejores
condiciones médicas posibles no resulta fácil ni siquiera en los supuestos en
los que está permitido por la ley.
Dependiendo de las entidades federativas, la interrupción
del embarazo está permitida en supuestos como la violación (en todos), grave
daño para la salud de la madre, alteraciones genéticas o congénitas graves del
feto o inseminación artificial no consentida, entre otros. Pero aunque la ley
lo permita, en la práctica existen numerosas trabas para su autorización
efectiva.
El aborto cuando el embarazo es producto de una violación es
el único supuesto que está reconocido en todo el país. México registra elevados
índices de abuso sexual -131.400 casos al año- pero, pese a ello, en el último
lustro tan solo se han emitido 39 autorizaciones de aborto por este supuesto en
todo el país y 30 de ellas corresponden al Distrito Federal. En el informe
Omisión e Indiferencia. Derechos Reproductivos en México, publicado en 2013,
GIRE denuncia que "el acceso efectivo de las mujeres a las causales
legales de aborto es bastante precario o nulo".
En opinión de la doctora Joaquina Erviti, investigadora de
la Universidad Nacional Autónoma de México, el contexto penal, altamente
restrictivo, inhibe la demanda de aborto. "Las mujeres antes de llegar al
hospital público realizan una serie de estrategias para presentar el aborto
como espontáneo, para no ser culpabilizadas. Los médicos suelen buscar que
ellas confiesen que actuaron para interrumpir el embarazo”. Erviti explica que
desde 2009, con las normas más restrictivas aprobadas en varios Estados, las
denuncias contra mujeres por abortar desde los servicios de salud han
aumentado. "Los médicos suelen desempeñar actitudes punitivas hacia las
mujeres. A menudo evalúan y emiten juicios morales", añade la experta.
Esto fue lo que le pasó a Hilda, una de las cuatro
protagonistas del documental ¡Viva México!, del director Flavio Florencio, que
retrata la criminalización que sufren las mujeres cuando abortan. A la edad de
18 años la joven llegó a un hospital público de San Luis Potosí con una
hemorragia. Según relata, la doctora le hizo muchas preguntas antes de
atenderla y la obligó a que le contara lo sucedido como condición para empezar
a tratarla. La muchacha confesó un aborto inducido y la médico le dijo que
debía dar parte. Desde la clínica, la policía la llevó a comisaría
"semidesnuda, solo con una bata". Rindió declaración, pasó una noche
encerrada y la dejaron libre tras pagar la fianza. "Nadie me informó de
nada, de que yo estaba en un proceso, de que debía buscar abogado. Nada".
Dos años después, Hilda fue acusada de aborto y posteriormente condenada a un
año de cárcel. "Los médicos del hospital me juzgaron y los medios de
comunicación locales me llamaron asesina", relata. El Supremo de Justicia
del Estado acaba de revertir la sentencia al considerar que no hay pruebas que
demuestren su responsabilidad en los hechos.
A través de los datos de las secretarías de seguridad
locales GIRE ha contabilizado un total de 41 personas en prisión preventiva por
delito de aborto desde 2007, aunque 13 de las 32 entidades federativas del país
no aportaron información. Además, entre 2009 y 2011 un total de 679 mujeres
fueron denunciadas por tentativa de aborto. Las penas varían según el Estado.
La sanción de prisión más baja está en Tlaxcala, entre 15 días y dos meses,
mientras que la más alta se da en Sonora, con castigos que van de uno a seis
años de cárcel. En 27 entidades el aborto es un delito no grave, por lo que la
mujer puede seguir el proceso penal en libertad mediante el pago de una fianza.
"La sanción económica varía desde los 2.000 pesos hasta los 160.000 -de
113 a 9.037 euros-, aunque lo normal es que ronden entre los 2.000 y los 10.000
-113 y 564 euros-", afirma Beltrán y Puga.
El estudio denuncia que las mujeres pobres, menos educadas e
indígenas tienen nueve veces más probabilidades de tener un aborto inseguro que
aquellas con mayores posibilidades económicas, más educadas y que no pertenecen
a etnias indígenas.
Quienes sí pueden permitírselo, optan por acudir a la
capital federal. Lourdes quedó embarazada con 13 años como consecuencia de una
violación sexual cometida por un familiar. Presentó la denuncia ante el
Ministerio Público y solicitó la interrupción del embarazo, pero la autoridad
nunca respondió a su solicitud. Como la joven todavía no sobrepasaba las doce
semanas de embarazo se trasladó con recursos privados al DF para interrumpirlo.
Cuando una asociación civil intervino en el caso, la fiscalía estatal señaló
que ni siquiera existía un protocolo a seguir en los casos de interrupción del
embarazo por violación, el único supuesto que lo hacía legal. Esto sucedió en
el Estado de Morelos.
Discriminación contra mujeres embarazadas (sea deseado o no)
Es innegable la presencia de los derechos reproductivos en
la esfera política y jurídica en el país, pero su visibilidad dista de la
concreción en acciones que impacten la vida cotidiana de las mujeres.
La maternidad libre y voluntaria sigue siendo un sueño para
muchas mujeres. Aquellas que no quieren continuar un embarazo se enfrentan a
una legislación restrictiva que contempla algunos supuestos legales de aborto,
pero incluso bajo estas causales el acceso a los servicios es precario. La
maternidad libre solamente se puede ejercer en la ciudad de México que en 2007
despenalizó el aborto hasta las doce semanas de gestación.
La situación tampoco es alentadora para las mujeres que
están decididas a continuar un embarazo. México tiene todavía el gran problema
de muerte materna por causas prevenibles.
Garantizar el acceso a los servicios
de salud ha sido una medida impulsada por el gobierno para atacarla, pero el
acceso no es efectivo. Hay mujeres que viven en comunidades alejadas de los
centros de salud, otras que a pesar de vivir cerca son rechazadas de los
servicios y aquellas que logran acceder se someten a maltratos y violencia.
Se han ganado algunas batallas pero la tentación por limitar
nuestros derechos siempre está presente. No buscamos que en nuestras
democracias se incluyan nuestros derechos reproductivos; demandamos su
reconocimiento pleno.
Regina Tamés e directora del Grupo de Información en
Reproducción Elegida
Fuente: Diario El País
