El Ministerio Público de Costa Rica
solicitará el próximo mes enjuiciar a cuatro médicos costarricenses y un hombre
griego como sospechosos de integrar una organización dedicada al tráfico ilegal
de órganos para realizar trasplantes a israelíes, informó un fuente oficial.
A los imputados se les acusará de realizar a israelíes 14
trasplantes de riñón, con órganos de ciudadanos costarricenses a quienes
aparentemente les pagaron dinero a cambio.
“La investigación, dentro de los hechos que estábamos
investigando, ya finalizó. Hemos llegado a la conclusión de que tenemos
suficientes elementos probatorios para solicitarle a los tribunales la apertura
del juicio”, manifestó a Efe el fiscal general en ejercicio, Carlos María
Jiménez.
La acusación está lista para ser presentada en septiembre
próximo.
El caso se remonta a junio de 2013 cuando el jefe de
nefrología del estatal Hospital Calderón Guardia, identificado con los
apellidos Mora Palma, fue detenido como sospechoso de integrar el “núcleo” de
una organización dedicada al tráfico de órganos con vínculos en Israel.
Según las investigaciones, el médico aparentemente era el
encargado de comprobar que los donadores fueran compatibles con israelíes que
necesitaban un trasplante, localizaba a los extranjeros y además captaba a
personas de bajos recursos económicos para ofrecerles dinero a cambio.
A Mora Palma, además se le imputa por el delito de peculado
de uso, que consiste en utilizar instalaciones de instituciones públicas con
fines ilícitos.
También están imputados los médicos cirujanos de apellidos
Mauro Stamati, Fonseca Guzmán y Monge Monge, como sospechosos de realizar las
extracciones de riñón en dos hospitales privados de San José.
El griego de apellidos Katsigiannis Karkasi, propietario de
una pizzería en alrededores del Hospital Calderón Guardia, supuestamente fue el
encargado de ubicar a las personas en condición de vulnerabilidad económica y
ofrecer dinero a cambio de sus órganos.
Una policía de apellido Cordero Solano, que al parecer
reclutaba donadores, no será llevada a juicio porque se encuentra bajo un
régimen especial de colaboración con la Justicia.
“Estamos ofreciendo como prueba testimonial al menos 14
personas como testigos, pero además de la prueba testimonial mostraremos
pruebas documentales y otras evidencias probatorias que se suman al caso”,
indicó el fiscal Jiménez.
Las investigaciones indican que a los donadores se les
ofrecían sumas de hasta 20.000 dólares a cambio de sus órganos.
Las personas que vendieron sus órganos no serán acusadas por
ningún delito, ya que se encontraban bajo una situación de vulnerabilidad.
“La pretensión del Ministerio Público es que el juez penal
acepte la investigación y la acusación, que se eleve a juicio y que el tribunal
acepte las pruebas y posteriormente se impongan las sanciones a los
responsables”, explicó Jiménez.
El tráfico ilegal de órganos es un delito castigado por tres
leyes en Costa Rica. La sanción más fuerte la establece la Ley contra la trata
de personas, que impone de 8 a 16 años de cárcel a quien posea, transporte,
venda o compre de forma ilícita órganos, tejidos o fluidos.
Fuente: EFE
