Un informe de Sespas denuncia los daños sobre la salud que
genera la pobreza infantil. Los estudios científicos muestras los efectos a corto y
largo plazo de la discriminación. Los expertos solicitan al Gobierno que cree un gabinete de
crisis para este problema.
«Hemos revisado la evidencia científica que hay y lo que
queremos es darla a conocer. Lo que sabemos por estos estudios es que cuando
hay exposición en la infancia a privaciones materiales hay peores resultados en
salud a corto, medio y largo plazo», afirma Luis Rajmil, técnico superior en la
Agencia de Evaluación de Tecnologías e Investigaciones Médicas (AATRM, según
sus siglas en catalán), colaborador en el Instituto de Investigación del
Hospital del Mar-IMIM y uno de los autores de este informe.
El porcentaje de menores que viven con todos los miembros de
su familia sin empleo ha aumentado del 6,5% en 2008 al 13,8% en 2012. Según el
último informe de Unicef, en esa franja de tiempo la población infantil en
riesgo de pobreza ha pasado del 28,2% al 36,3%, siendo España uno de los países
con un mayor porcentaje de menores en esta situación.
«Un gobierno tiene que ir con un cuadro de mandos,
preveyendo lo que va a ocurrir en un futuro para paliarlo y este cuadro de
mandos en salud es plantearse lo que puede pasar después. Está bien que se
destinen recursos para el ébola, pero la pobreza infantil es una emergencia de
salud porque estamos seguros de que va a causar problemas a medio y largo plazo
si no se hace ahora algo para poder solucinarla», asegura Ildefonso Hernández,
presidente de las Sespas y catedrático de Salud Pública en la Universidad
Miguel Hernández de Alicante.
Y lo que dicen los estudios científicos, que también remarca
Hernández, es que una mala nutrición junto con una situación social
discriminatoria «están asociadas a más problemas mentales -ya empiezan a ser
llamativas las depresiones reactivas en la infancia-y a un mayor riesgo de
meningitis y otras enfermedades infecciosas en la infancia por tomar alimentos
fuera de tiempo. A medio y largo plazo, la mala nutrición se asocia con
trastornos metabólicos como la diabetes y otros asociados como los
cardiovasculares», explica. Por último, una pobre alimentación se vincula con
un deterioro en el desarrollo cognitivo: «niños que a los 10 o 12 meses tienen
un alto cociente intelectual, en un entorno de pobreza se reduce esta
capacidad, lo que perpetúa el ciclo de la pobreza», añade el presidente de la
Sespas.
Esta sociedad, que agrupa a 12 asociaciones científicas y
médicas de toda España, no es la única que viene denunciando los riesgos para
la salud de la pobreza infantil. David Taylor-Robinson, Margaret Whitehead y
Ben Barr, expertos en Salud Pública, señalaban hace unos meses en la publicación
científica Bristish Medical Journal que el número de niños y adultos que acuden
a bancos de alimentos desde el comienzo de la crisis va en paralelo con el
incremento de ingresos hospitalarios por malnutrición en el Reino Unido, que se
han duplicado entre 2008 y 2012. La pobreza «tiene importantes implicaciones.
Daña la salud infantil ahora, al igual que proyecta una larga sombra hacia
adelante, dañando la salud en la edad adulta. El aumento de la pobreza entre
las personas con discapacidad es probable que cause mayor exclusión social y
aumente las desigualdades en salud», decían en su artículo.
Otro estudio, realizado por expertos de España, Canadá,
Holanda, Suecia y Reino Unido -cuyos datos publicaba en 2014 la revista
International Journal of Environmental Research and Public Health- reclamaba
ante la evidencia del impacto de la crisis en la salud infantil «la urgente
necesidad de vigilar los efectos de la recesión global en la salud de los niños
e informar de ellos para que se puedan ofrecer respuestas políticas adecuadas».
Sespas enumera en su informe algunas de las medidas que se
podrían tomar al respecto. Una de ellas sería el mantener abiertos durante todo
el año los comedores escolares para garantizar el acceso, como mínimo, a una
comida diaria equilibrada a todos los niños en edad escolar. Otra propuesta es
evitar los desalojos de familias con menores o garantizar el acceso a los
suministros básicos de las familias con menores en situación de vulnerabilidad.
«Estas propuestas no son muy costosas. Si el Gobierno se ha dado tanta prisa en
pagar con más de 1.000 millones a ACS por el almacén Castor, esto tendría que
ser más urgente. Creo que es una cuestión de prioridades políticas. Se tendría
que crear ya un gabinete de crisis contra la pobreza infantil. Porque si no se
hace ahora, no se va a poder solucionar», sostiene Hernández.
Fuente: Diario El Mundo - Ver más sobre Salud y Niñez