La Comisión de Salud
aprobó el proyecto para excluir los nombres comerciales de los tratamientos de todas
las recetas. Sin la presencia del oficialismo ni funcionarios de salud, se
buscará llevar el debate a la legislatura. “Es imprescindible garantizarle a la
población el acceso a medicamentos más económicos, seguros y de calidad”, dijo
la promotora de la reforma.
Con la presencia de farmacéuticos y representantes de las
cámaras de los laboratorios productores, la comisión de Salud trató el proyecto
de la diputada nacional entrerriana Carolina Gaillard, que contó con
integrantes de la comisión de Defensa del Consumidor. La iniciativa obliga a
prescribir los medicamentos sólo por su nombre genérico, excluyendo el nombre
comercial. “Es imprescindible garantizarle a la población el acceso a
medicamentos más económicos, seguros y de calidad”, expresó la legisladora.
Gaillard remarcó que “consideramos al medicamento un bien
social, y el Estado debe garantizar su acceso. La formación de su precio debe
estar regulada y no dejarla libre a la puja de la oferta y la demanda. La
modificación que proponemos permite al usuario elegir la marca del medicamento
a adquirir sin ninguna imposición, y hace que las recetas sean un instrumento
científico, accesible, entendible, comprensible, y que no oculte intereses
comerciales detrás de una marca”. “La ley de medicamentos genéricos fue una ley
muy importante pero hoy tiene una muy baja aplicación a la hora de prescribir
los medicamentos, ya que los médicos lo hacen en su mayoría por nombre
comercial”, agregó.
El proyecto de la diputada Gaillard propone modificar los
artículos 2 y 3 de la ley 25.649, que actualmente obliga a la prescripción por
el genérico, pero deja abierta la puerta para que los médicos sugieran una
marca. "Queremos que los ciudadanos elijan libremente qué marca comprar y
que ésta no sea impuesta por el lobby publicitario de los laboratorios",
afirmó. El proyecto fue acompañado por los diputados nacionales Juliana Di
Tullio, Diana Conti, María Emilia Soria, Lucila De Ponti, Araceli Ferreyra,
Lautaro Gervasoni, Jorge Barreto, Julio Solanas, Juan Manuel Huss, Eduardo Seminara
y Juan Manuel Pedrini.
Por su parte, la diputada Liliana Schwindt (Frente
Renovador) felicitó a Gaillard por poner en debate este proyecto y destacó
“cuán complicado es el acceso a los medicamentos para aquellos que más lo
necesitan”. Asimismo, criticó los recortes del PAMI a los medicamentos que
tenían 100 por ciento de cobertura, y los aumentos desbordados de los
medicamentos. “Esta modificación es la única forma de poder acceder a los
medicamentos y lograr una reducción de su costo”, aseguró Schwindt.
En el debate, participaron de este plenario representantes
de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA),
Cámara empresaria de laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA), Cámara Argentina
de Especialidades Medicinales (CAEME) y Cámara Argentina de Productores de
Medicamentos Genéricos y uso Hospitalario (CaPGEN). Además, por los
farmacéuticos estuvieron representantes de los colegios de Buenos Aires y
Capital Federal. Además, entre los especialistas dieron su testimonio Constantino
Touloupas, médico especialista en Farmacología Clínica; José Carlos Escudero,
médico sanitarista, diplomado en Salud Publica en la UBA; Silvia Lucangioli,
subsecretaria de Transferencia Tecnológica de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica de la UBA; Antonio Raúl de los Santos, secretario general de la
Academia Nacional de Medicina; Víctor Carricartes, secretario general de la
Asociación de Empleados de Farmacia; entre muchos otros.
Con voces de especialistas que apoyaron la iniciativa y de
los representantes de las cámaras que plantearon sus objeciones a la
modificación de la ley 25.649, las comisiones de Salud y Defensa del Consumidor
dictaminaron el proyecto de Gaillard, que es una reproducción del dictamen
firmado en la reunión de diputados de la comisión de Acción Social y Salud
Pública el 23 de septiembre de 2014, pero que perdió estado parlamentario ya
que no fue tratado en la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de
la Competencia.
Farmacéutica Isabel Reinoso, presidenta de la Confederación
Farmacéutica Argentina; Claudio Ucchino, presidente del Colegio Oficial de
Farmacéuticos y Bioquímicos de CABA; Rubén Sajem, presidente Sección de
Farmacéuticos del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de CABA;
Constantino Touloupas, médico especialista en Farmacología Clínica; José Carlos
Escudero, médico sanitarista, diplomado en Salud Publica en la UBA; Silvia
Lucangioli, subsecretaria de Transferencia Tecnológica de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica de la UBA; Antonio Raúl de los Santos, secretario general
de la Academia Nacional de Medicina; Víctor Carricartes, secretario general de
la Asociación de Empleados de Farmacia; Leonardo Verna, médico psiquiatra,
exsubadministrador de ANMAT; Mario Domínguez, titular del Laboratorio Dominguez
Lab; y Lorena Di Giano, secretaria general de la Fundación Grupo Efecto
Positivo.
En los fundamentos del proyecto que prevé la modificatoria
de la ley se indica que "la gran mayoría de profesionales de la salud
muchas veces terminan prescribiendo especialidades medicinales sin mencionar
los medicamentos genéricos que podrían ser de aplicación, generando así un
impacto negativo sobre los gastos de salud de la población". En esta
línea, se argumenta que las marcas de medicamentos más posicionadas en el
mercado resultan entre un 20 y un 85 por ciento más caros que las mismas drogas
fabricadas por laboratorios menos conocidos.
La ley de prescripción por nombre genérico fue aprobada en
agosto de 2002, un proyecto que contó con un amplio respaldo del justicialismo,
el ARI, el radicalismo, Polo Social, Frente para el Cambio, los partidos
provinciales, y sólo anunciaron su voto negativo Marta Alarcia y se abstuvieron
los legisladores de Autodeterminación y Libertad. Según cálculos extraoficiales
del Ministerio de Salud en esos días, con la sanción de esta ley “se podría
ahorrar un 60 por ciento los costos en medicamentos de la población, que
representarían una cifra cercana a los 4.000 millones de pesos anuales”.
Fuente: Mirada Profesional
